La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha lamentado que el Gobierno central "haya llevado hasta el final su ataque directo al derecho de los valencianos a una vivienda digna, al acabar de sentenciar la Ley por la Función Social de la Vivienda y privar a los valencianos de un derecho fundamental reconocido en el Estatuto de Autonomía y en la Constitución Española, además de estar también en la Declaración Universal de Derechos Humanos".
Así se ha pronunciado después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) haya publicado la decisión del pleno del Constitucional de admitir a trámite el recurso presentado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contra la Ley por la Función Social de la Vivienda impulsada por el Gobierno valenciano y aprobada por todos los grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes, excepto el PP.
Salvador ha asegurado que desde el "Consell continuaremos trabajando para defender los derechos de los valencianos y aplicaremos todas las medidas que estén a nuestro alcance para dar soluciones a aquellas personas que más lo necesitan". En este sentido, ha apuntado que "mientras el Gobierno que preside Ximo Puig está comprometido en avanzar en derechos para los valencianos y considerar el derecho a la vivienda como el quinto pilar del estado del bienestar, el Ejecutivo de Rajoy impide y limita el reconocimiento de estos derechos a pesar de que es el propio Estado quien sigue incumpliendo el artículo 47 de la Constitución de hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada".
Por todo ello, la consellera ha lamentado la "decisión unilateral del Gobierno central que ha demostrado, una vez más, que no ha querido llegar a ningún acuerdo con el gobierno valenciano para frenar este ataque y hoy el BOE ha dado el golpe mortal a esta ley". Sin embargo, Salvador ha querido destacar que "la Generalitat no abandonará a los valencianos que más lo necesitan y seguirá trabajando para dar respuesta y soluciones habitacionales y aplicando todas las medidas que pueda a pesar de la decisión del Gobierno de Rajoy de cortar de raiz este derecho".
