Sancionados del 15M y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca acusan a la Delegación de Gobierno de persecución polÃtica y desviación de poder en sus alegaciones
El dÃa 17 de agosto a las 12 del mediodÃa, presentarán las alegaciones frente a las multas recaÃdas por el ejercicio legÃtimo de sus derechos de libertad de expresión, reunión y manifestación, exigiendo la nulidad
P. T. - 18/08/2011
Ya son más de 20 las sanciones impuestas a diversos miembros del 15M y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca por las acciones llevadas a cabo desde el inicio de las movilizaciones ciudadanas. El goteo de sanciones evidencia, según algunos de los sancionados, una persecución polÃtica con la intención de aplicar castigos ejemplares y reprimir de manera individual a los participantes en los movimientos para paralizar sus reivindicaciones.
Las últimas sanciones se derivan de la actuación frente a dependencias del BBVA en Sagunto como protesta ante un desahucio a varias familias. La Delegación de Gobierno pretende sancionar a diversas personas por supuestos "desórdenes en el interior del banco" que nunca ocurrieron. Además de las pruebas documentales que demuestran la falsedad de las acusaciones, los afectados alegan que el banco ni siquiera presentó denuncia por los hechos, actuando la Delegación de Gobierno en defensa de un supuesto derecho del banco y reprimiendo asà el ejercicio legÃtimo de los derechos de expresión y reunión. Más aún, uno de los sancionados ni siquiera estaba presente en la acción, sino que, como certifica en sus alegaciones, se encontraba en su puesto de trabajo en el momento de los hechos. Con estas multas se continúa la represión comenzada por la Delegación de Gobierno frente a participantes del 15M, como, entre otras, la impuesta a dos de sus miembros por no impedir que la masiva manifestación del 19 de junio pasara por delante de la casa de la Alcaldesa Rita Barberá. Los sancionados en esta ocasión presentarán las alegaciones, como ya hicieron el pasado mes el resto de afectados, acusando en los escritos a la Delegación de Gobierno de utilizar de manera desviada la potestad sancionadora de la administración, al aplicar la ley reguladora del derecho de reunión de manera irregular: castigando hechos que no tuvieron lugar, actuaciones en dependencias privadas que ni siquiera han sido denunciadas por los supuestos afectados e imputando infracciones a personas que no estaban en el lugar de los hechos, lo que demuestra la existencia de listas negras en poder de las autoridades.