El presidente de la gestora del Partido Popular de Valencia ciudad, Luis Santamaría con un vendedor del Mercado CentralEl presidente de la gestora del Partido Popular de Valencia ciudad, Luis Santamaría, se ha reunido con los responsables y trabajadores del puesto del Mercado Central que pretenden cerrar el alcalde de Valencia, Joan Ribó, y el concejal de Comercio, Carlos Galiana, y ha lamentado que "ninguno de los dos responsables políticos se haya dignado a recibirlos desde que se solicitó un encuentro a través del Registro de Entrada municipal hace ya más de un año".
Esta actitud "sectaria", según la ha calificado Santamaría, va acompañada de una decisión drástica "que aún está pendiente de las valoraciones jurídicas definitivas". Y es que "no se trata sólo de una falta de sensibilidad, sino que el señor Galiana –que está investigado judicialmente por esta cuestión– debería tener el mismo rigor que le ha exigido al PP en ocasiones pasadas y su partido tiene que pedirle que dimita por su situación procesal", ha explicado el también diputado del Grupo Parlamentario Popular.
Es por ello que el responsable del PP en la ciudad de Valencia ha reclamado a Galiana "que dimita ya o que, al menos, salga a dar la cara". Tanto el responsable de Comercio como el alcalde "deben recibir a las diez personas que trabajan en este bar junto a la fachada del Mercado Central y que ven peligrar su puesto de trabajo desde hace tanto tiempo".
Esa angustia para diez familias "cuyo futuro sigue en el aire por una actuación como mínimo cuestionable" y que están integradas por algunos miembros mayores de 55 años y discapacitados psíquicos "han de tener un trato justo del Ayuntamiento y me niego a pensar que no hay capacidad de diálogo para encontrar una solución a este problema" ha concluido Luis Santamaría.
Los responsables de este establecimiento junto al Mercado Central iniciaron una campaña para recabar el apoyo ciudadano y ya tienen hasta la fecha la firma de más de 8.000 valencianos que denuncian el trato que les está dispensando el Consistorio. Su apoderado, Diego Molina, sospecha que detrás de «esta resolución injusta se esconde un caso de amiguismo y favores personales que trascienden los límites legales o motivos económicos ocultos».
