El director general de Cohesión Territorial, Vicente Saurí. FOTO M. G.SP volvió a ver, por segundo mes consecutivo, cómo el pleno rechazaba su propuesta relacionada con la resolución del director general de Cohesión Territorial, Vicente Saurí, sobre el expediente de segregación. Concretamente, desde SP reclamaban la nulidad del acuerdo plenario del pasado 25 de noviembre, así como la reprobación de Saurí. EPDA ha hablado con éste, quien ha defendido que la resolución ''se ajusta a derecho''.
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Para los segregacionistas, está acreditado que la resolución es "ilegal", por lo que el acuerdo adoptado en el pleno sería nulo, una afirmación a la que el alcalde, Alfredo Castelló, replicó que el acuerdo adoptado "cuenta con todos los informes".
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En este sentido, el portavoz del equipo de gobierno, Sergio Muniesa, incidía en que la tramitación ahora corresponde a la Generalitat, así como también aclaraba que el posicionamiento del Ayuntamiento "no ha variado, porque no hay nuevos hechos", lo que se ha hecho es uso del trámite de audiencia, "que se le da a todas las partes, incluso a SP, lo que ofrece mayor garantía jurídica", y puntualizaba, "nosotros no nos podemos pronunciar sobre la nulidad o anulabilidad de las decisiones de otras administraciones", de igual modo que el Consistorio es una administración "incompetente" para decretar una reprobación.
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El portavoz de SP, Manuel González, insistía en denunciar el "absoluto menosprecio" de la Conselleria a los firmantes del expediente, cuyos derechos consideran que están siendo vulnerados, al tiempo que advertía que esta circunstancia podía llevar a la nulidad de todo el proceso de segregación, ya que la propuesta de resolución es "contraria a procedimiento".
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Vicente Saurí
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El director general de Cohesión Territorial, preguntado por EPDA al respecto, aseguraba que la resolución emitida "se ajusta a derecho", y explicaba que la tramitación del expediente está siguiendo su curso, "tenemos en cuenta la opinión de SP. Siempre que han estado en Conselleria se les han abierto las puertas para que consulten toda la documentación".
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Saurí explicaba que "ellos saben lo que tienen que hacer y nosotros seguimos el curso que hemos de seguir", ya que, reconocía el director general, la obligación de SP es "luchar por sus intereses y utilizar las herramientas a su alcance". Por último, el director general reconoció que IP tiene "todo el tiempo que necesitan para presentar lo que consideren oportuno", concluía Saurí.
