El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ha comparecido en la Comisión de Obras Públicas, Infraestructuras y Transportes de Less Corts Valencianes para explicar la situación de la demolición del edificio de la avenida José Ortiz, 167, en el municipio castellonense de Almassora, a petición del Grupo Parlamentario Popular.
Martínez Dalmau ha expresado su satisfacción "por la solución a un problema que se ha perpetuado en el tiempo durante cuatro legislaturas. Así se lo he trasladado también a la alcaldesa, Mercedes Galí, consciente de la preocupación que ha generado entre el vecindario. Por fin el edificio será derrocado el próximo año".
El vicepresidente se ha referido a los antecedentes del caso y a la problemática social generada en barrio. El Instituto Valenciano de la Vivienda construyó en 1986 94 viviendas de promoción pública destinadas a familias con escasos recursos. En 1998 se derrocaron tres bloques de viviendas quedando en pie uno de 38 viviendas en el número 167 de la mencionada avenida.
En octubre de 2015 se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat y el Ayuntamiento de Almassora, al objeto de incluir el edificio en una Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), dentro del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, Rehabilitación Edificadora y la Renovación Urbana 2013-2016.
El plan preveía la rehabilitación de las 38 viviendas, así como las obras de reurbanización, con una inversión global de 1.7 millones de euros, de los cuales, el Ministerio de Fomento se comprometió a aportar 458.000 euros y la Generalitat 1.2 millones de euros, más del 73% del total.
En 2016 la Generalitat, a través de la Entitat d'Infraestructures de la Generalitat (ahora Evha) mantuvo diversas reuniones con colectivos vecinales de Almassora y representantes municipales para intentar encontrar una solución de acuerdo con las diferentes posiciones que se planteaban.
Las divergencias en ese momento no permitieron que se llevaran a cabo las actuaciones contempladas en la ARRU. Según ha subrayado Martínez Dalmau "era de vital importancia conseguir un consenso amplio para encontrar la mejor alternativa de forma participada, involucrando todos los posicionamientos posibles. Teniendo en cuenta que el vecindario se mostró absolutamente contrario en la construcción de nuevas viviendas y pidió, reiteradamente, la demolición del edificio".
El Pleno del Ayuntamiento de Almassora, en la sesión del 17 de octubre de 2016, acordó instar a la Generalitat para que dejara sin efecto el acuerdo del 28 de octubre de 2015. Mientras, desde la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) se han ido llevado a cabo varias actuaciones para garantizar la seguridad del inmueble, que sufría un fuerte deterioro y se encontraba ya vacío de inquilinas.
Las actuaciones desarrolladas por la entidad se centraron en la limpieza de zonas comunes y retirada de escombros y retirada de los revestimientos cerámicos así como los elementos de la fachada y cubiertas que podían posar en peligro la integridad física de las personas que se acercaban al edificio.
Martínez Dalmau ha confirmado que los Presupuestos la Generalitat para el próximo incluyen una partida de 363.000 euros que irán destinados a derruir el edificio. "Hoy por fin podemos asegurar que en 2020 será el año en el que se ponga fin a esta problemática", ha concluido Martínez Dalmau.
