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portavoz socialista de Infraestructuras en Les Corts, Francesc Signes,
ha asegurado que hay indicios que vinculan a la Fundación Agua y
Progeso de la Comunitat Valenciana con la trama Gürtel, que se
introdujo en el año 2004 en nuestra autonomía. En total, la
contratación de esta fundación con la Generalitat asciende a 7,2
millones de euros. Al respecto, ha remarcado que la fundación contrató
ese mismo año con Special Events, empresa administrada por Carmen
Rodríguez Quijano, la mujer de Francisco Correa, a la que se pagó
13.602 euros. Ante la falta de información por parte del Consell,
Signes se ha preguntado "qué oculta, a quién o quiénes quieren
proteger, qué no quieren que sepamos". Así, ha manifestado que "es muy
grave conocer que también el agua que antes pedían está contaminada por
Gürtel".
En ese sentido, el diputado ha apuntado que el
exvicepresidente Víctor Campos "se negó a aclarar este contrato" que,
al parecer, tenía como objeto la organización de un acto en Madrid el
29 de mayo de 2004 al que asistieron el expresidente Camps; el
presidente de Murcia, Ramón Valcárcel; la alcaldesa de Valencia, Ritar
Barberá, entre otros altos cargos del PP. Por ello, ha insistido en que
"los socialistas quieren conocer hasta dónde la trama Gürtel ha
carcomido a esa fundación".
Vinculación con el PP
Signes,
que ha apelado a la necesidad de la creación de una comisión de
investigación sobre la Fundación Agua y Progreso de la Comunitat
Valenciana por las subvenciones que otorgó la Generalitat entre los
años 2004 y 2012, además ha apuntado que los máximos responsables del
patronato de la fundación han sido siempre miembros del Gobierno
valenciano y destacados cargos del PP. En este sentido, ha apuntado a
la "recompensa" que recibió tras su disolución el que fuera su
director, José Alberto Comos, al ser nombrado director general del Agua
de la Generalitat Valenciana.
Recurso
Ante
la negativa del vicepresidente del Consell, José Císcar, durante un año
de facilitar los expedientes de justificación de los gastos de la
fundación, el portavoz socialista ha anunciado la interposición de un
recurso contencioso-administrativo ante los tribunales por vulneración
de derechos fundamentales. "Ya sé que no les asusta porque ya están
acostumbrados", ha añadido pero le ha advertido al PP que "no sabe si
dispongo de más información de la que he dado aquí, que pudiera ser
suficiente para presentarla a la fiscalía para su investigación". Por
eso, le ha pedido al PP "sensatez", que "sean ustedes los que actúen y
no nosotros, y lleven donde sea necesario las deficiencias que se
pudieron producir" en la fundación citada.
7,2 millones de la Generalitat
Por
todo lo expuesto, Signes, durante el turno de réplica, le ha pedido al
diputado Ballester del PP "los argumentos para votar en contra ya que
las organizaciones agrarias, a las que todavía deben 20 millones de
euros, estarán muy interesadas en conocerlos" y ha sentenciado que "hoy
se les ha desmontado el 'agua para todos' ahogada por sospechas de
corrupción también aquí".
El portavoz socialista le ha
reclamado al PP que "ponga públicamente de manifiesto todos los
interrogantes, algunos de ellos muy preocupantes, que suscita el
funcionamiento desde su creación, en 2004, hasta su disolución, en
2012, de la Fundación Agua y Progreso de la CV", ya que, según ha
recordado, estaba "controlada por el PP y mantenida prácticamente por
los fondos transferidos por la Generalitat Valenciana". Al respecto, ha
remarcado que "la plataforma del PP en la demagógica 'guerra del agua'
contra el PSOE, fue un instrumento de agitación y propaganda que dio
sus frutos". De esta manera, ha explicado que recibió 7,2 millones de
euros en total de la Generalitat: 3 millones de Presidencia entre
2004-2007; 3,8 millones de la Conselleria de Medio Ambiente entre 2008
y 2011 y 278.000 euros en 2012 de la Conselleria de Agricultura.
Además, también fue contratada por Emarsa por 24.000 euros.
Cobraba puntualmente
Finalmente,
Signes ha subrayado que mientras se producían impagos arrastrados para
proveedores y ciudadanos a esta fundación se le pagaba en un plazo
inferior a tres meses "para hacer propaganda de la demagogia del PP".
En este sentido, ha puesto como ejemplo que en 2011, en plena quiebra
fraudulenta de la tesorería de la Generalitat, el entonces conseller de
Medio Ambiente, Juan Cotino, firmó un convenio con la fundación por
695.000 euros, dos meses después la fundación recibió una transferencia
por 680.000 euros, el 95%. Y en 2012 cuando la fundación estaba en
proceso de disolución recibió hasta el último céntimo de las ayudas de
la Generalitat. Sobre la retribución de los directivos, ha apuntado
que el subdirector de la fundación, exdiputado provincial del PP y
concejal Albaida, cobró 21.000 euros por trienios.
Por
último, Signes ha lamentado que el PP haya votado en contra de la
comisión de investigación con todos estos indicios de irregularidades.