El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha subrayado que el informe de fiscalización de las cuentas de la Generalitat correspondiente al ejercicio de 2015 "avala" y "da más fuerza si cabe" a la Generalitat de cara a la próxima batalla por la reforma de la financiación autonómica a la hora de conseguir que "se otorgue un trato de igualdad a los valencianos y valencianas en el reparto de los recursos económicos". Soler ha recordado que el Consell de Ximo Puig ha exigido al Gobierno central "la inmediata modificación de un modelo de financiación caducado desde el 1 de enero de 2014 y que el Ejecutivo central se ha negado a reformar pese a penalizar gravemente a los valencianos y valencianas al asignarles la peor financiación per cápita de toda España".
"Me alegra pensar que la Sindicatura de Comptes ha confirmado todas nuestras tesis sobre la nefasta financiación de los valencianos y valencianas", ha destacado Soler, quien ha añadido: "El informe acredita que la deuda histórica del Estado con la Comunitat Valenciana asciende a 14.380 millones solo en el periodo 2002-2015, unas cifras que ponen de relieve cómo los ingresos que tenemos como Generalitat son claramente insuficientes para que los valencianos y valencianas tengan unos servicios públicos fundamentales dignos".
Soler ha hecho hincapié en que el informe "reafirma" que el déficit de la Generalitat "no se produce porque la Comunitat Valenciana gaste más que el resto sino pese a ello, lo que significa que responde a una carencia de ingresos". En concreto, la auditoría verifica que la Comunitat Valenciana ha gastado un 12% menos que la media per cápita en el periodo 2002-2015, al tiempo que ha gozado de unos ingresos inferiores al promedio del conjunto de las autonomías en un 16%. "Resulta sangrante verificar cuestiones que ya habíamos denunciado, como el hecho de que hay comunidades que, tras la crisis y una vez realizado los ajustes, siguen contando con un nivel de gasto por habitante superior al que disponía la Comunitat Valenciana antes de la recesión".
"Como certifica el Síndic de Comptes, el Gobierno no ha hecho nada en todos estos años para atajar verdaderamente el problema de fondo, mientras la Comunitat Valenciana sufre una doble penalización: el ajuste coyuntural derivado de la crisis y otro ajuste permanente originado por la menor financiación autonómica por habitante", ha explicado el titular de Hacienda y Modelo Económico.
Al mismo tiempo, el conseller resalta que la auditoría pública "pone de manifiesto cómo los mecanismos extraordinarios de financiación habilitados por el Estado no suponen una solución para los gravísimos problemas de la Generalitat, ya que se trata de préstamos que habrá que devolver, al tiempo que se evidencia cómo otras autonomías reciben, no préstamos, sino un dinero que no tienen que devolver".
El pasivo de la Generalitat, más del doble que el activo
Por otro lado, el conseller de Hacienda ha señalado que el informe del órgano fiscalizador constata la situación de "grave desequilibrio" en la que el actual Consell asumió las riendas de la Generalitat en julio de 2015, tras veinte años de gestión de los anteriores ejecutivos. En concreto, la auditoría pública advierte que el pasivo de la Generalitat, que asciende a 45.092,2 millones de euros, "es superior al doble del activo total", que se cifra en 20.426 millones de euros. Ha indicado que el fondo de maniobra alcanza un importe negativo de 10.078,3 millones de euros (10.941 millones de euros en 2014), "lo que pone de manifiesto una posición delicada en la liquidez y solvencia a corto plazo de la Generalitat", avisa el informe de la Sindicatura.
"Además de los problemas de infrafinanciación, y en parte como consecuencia de esa situación, hay que recordar el gran desequilibrio financiero que el Gobierno actual heredó de una mezcla explosiva entre esta infrafinanciación y el mal uso del dinero público por parte de los gobiernos anteriores", ha indicado el conseller de Hacienda.
Asimismo, la auditoría eleva a 48.173,2 millones de euros el montante de compromisos de gasto con cargo a ejercicios posteriores. A los 47.440,9 millones reflejados en la Cuenta General, el Síndic añade otros 732,3 millones de euros correspondientes a convenios y acuerdos. En concreto, detalla que hay facturas de Sanidad correspondientes a los años 2002 a 2008 que se centrifugaron al futuro y de las que hay pendiente de pago aún 191,7 millones de euros, así como las cuotas por los compromisos derivados del convenio firmado en 2002 con la FMI de Valencia por un capital de 305 millones de euros, más los intereses correspondientes.
El Síndic incorpora también las cuotas por los compromisos de los planes de inversiones de las universidades públicas valencianas, que ascenderían a 235,6 millones de euros de capital, más los intereses correspondientes. Estas operaciones se cerraron entre 1997 y 1999 pero los pagos se centrifugaron hasta el año 2022. El Presupuesto de la Generalitat para 2017 tuvo que detraer 100 millones para hacer frente a uno de los vencimientos. Hay gastos comprometidos al menos hasta junio de 2035. El 83,8% son intereses y principal de la deuda, que suman 39.758,65 millones.
El déficit engordó con 478 millones de facturas anteriores a 2015
La auditoría de la Sindicatura certifica también mejoras en la gestión, como la reducción en un 29,1% de los importes de las cuentas 409 y 4011, al pasar de los 2.590,4 millones de euros al cierre de 2014 a los 1.836,2 millones en el mismo periodo de 2015. Además, el informe revela, en relación a estos importes, que si las obligaciones se hubiesen aplicado a los presupuestos de los ejercicios en que se devengaron los gastos, el efecto neto sobre el resultado presupuestario del ejercicio 2015 sería una disminución de su saldo negativo en 478,6 millones de euros. Es decir, que el déficit presupuestario del ejercicio habría sido de 3.707,3 millones, en lugar de los 4.185,9 millones declarados inicialmente. Dicho de otro modo, el resultado de 2015 incluye un "agujero" de facturas de años anteriores por importe de 478,6 millones.
La auditoría también evidencia la labor de "limpieza contable" en las finanzas de la Generalitat cuyo inicio se acometió ya a finales de 2015 con el afloramiento, entre otras medidas, de pérdidas patrimoniales -no reconocidas por el anterior Ejecutivo- por un total de 3.084,57 millones, que incluyen la provisión de la deuda de Feria Valencia (505 millones de euros), la deuda y los avales fallidos de la SGR y de IFA (338 millones), la multa de la Unión Europea por la manipulación del déficit que hicieron los gobiernos anteriores (18,93 millones), los créditos a corto y largo plazo con el sector público (1.471,4 millones), la depreciación de las participaciones del Consell en las entidades y organismos (471,76 millones) o las pérdidas por entidades extinguidas (40,57 millones).
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