Soler pide el apoyo a la hoja de ruta de la política tributaria del Consell. -EPDA
Soler se ha pronunciado así en el pleno de Les Corts, donde este lunes se debaten y votan las enmiendas de totalidad de la oposición al proyecto de ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización, más conocido como de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat para 2022.
"Creo que todos tendríamos que estar de acuerdo a la hora de defender los intereses generales de los valencianos y valencianas por encima de cualquier otra cuestión", ha reivindicado el conseller en la presentación del proyecto de ley, que según ha defendido se ha elaborado desde la cogobernanza y la transparencia.
Ha destacado que esta norma, junto a la de presupuestos, constituye "el eje" sobre el que se asientan las bases para la recuperación económica y social de la Comunitat tras la pandemia, y da respuesta "a los principales y más urgentes retos" de la sociedad valenciana.
Impulsar la reactivación económica, reforzar el escudo social, reforzar el sistema sanitario y de emergencia, garantizar la protección del medio ambiente y agilizar la gestión administrativa son, según Soler, los principales objetivos de esta ley, que se ha mostrado convencido de que se mejorará con las aportaciones de todos los grupos.
Soler ha explicado que la futura ley incluye modificaciones sobre cuestiones organizativas de la Administración, para garantizar "una gestión más ágil que permita dar una respuesta rápida y eficaz a la implementación de las políticas de reactivación económica y de escudo social", como en los trámites vinculados a fondos europeos.
El conseller ha indicado que se fija también una prioridad en la lucha contra el cambio climático, la despoblación, el llamado 'derecho a la cura y los cuidados', las políticas de cohesión social, la violencia de género, el acceso a una vivienda digna y la conciliación familiar.
Soler ha anunciado que, entre las medidas orientadas a impulsar la reactivación, la ley establece la creación de la figura de los proyectos de interés prioritario', que permitirá tramitar "de manera prioritaria y eficaz" los trámites administrativos que necesiten las empresas que hayan obtenido proyectos europeos.
También ha señalado que la norma incluye deducciones fiscales que "ayudan a aligerar las cargas familiares, dinamizan la economía, el mercado laboral y el derecho a la vivienda digna", mientras que en la implantación de energías renovables se reducen requisitos obligatorios, para aligerar carga administrativa.
En la lucha contra la despoblación, se aumenta el número de habitantes para que un municipio se considere automáticamente en riesgo de despoblamiento, mientras que para fomentar la actividad económica se ampliará de 4 a 7 años de la autorización de las Zonas Turísticas de Gran Afluencia.
El conseller también ha indicado que se agilizan los trámites para la financiación del Plan de Infraestructuras de Servicios Sociales, se declara de utilidad pública o de interés social y urgente de ocupación de 11 infraestructuras públicas de regadío, y se modifica el Plan Edificant para mejorar la cooperación entre la administración educativa y la local.
