Fidel MolinaFidel Molina, presidente de SOS Hostelería, ha registrado hoy una petición ante el Defensor del Pueblo para que éste presente ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la Ley del Juego de la Comunidad Valenciana. Molina considera que la ley del juego valenciana es "tremendamente lesiva para el sector de la hostelería".
El Defensor del Pueblo puede sugerir al órgano legislativo o Administración la modificación de aquellas normas cuyo cumplimiento pudiera provocar, a su juicio, situaciones injustas o perjudiciales para los administrados y también interponer recursos de inconstitucionalidad y de amparo sobre la base de la Constitución en el art. 162.1 a y b.
Los hosteleros valencianos consideran que la implantación de un control remoto de activación de las máquinas recreativas comportará la retirada de todas las máquinas de bares y restaurantes y su sustitución por otras que dispongan de este dispositivo.
El proceso de construcción de una nueva máquina y su homologación puede durar meses, "un tiempo en el que las máquinas no estarán funcionando, con el perjuicio económico que esto va a significar para muchos bares cuyos ingresos por estas máquinas contribuyen al mantenimiento del local, sobre todo en estos momentos de crisis por el Coronavirus. Además del tiempo en el que nuestros establecimientos estarán sin las máquinas, deberemos hacer frente a la compra de las nuevas máquinas, lo cual hace inviables nuestros negocios en las actuales circunstancias", ha señalado Molina.
Los hosteleros consideran inviable hacer frente a estos gastos, teniendo en cuenta, además, que han tenido que pagar durante meses alquileres e impuestos mientras han tenido sus locales cerrados. "Si además tenemos que renunciar a los ingresos adicionales que nos llegan por las máquinas, lo único que vamos a poder hacer es cerrar definitivamente nuestros negocios".
El líder de los hosteleros valencianos también ha mostrado su preocupación por el hecho de que los clientes que quieran jugar en estas máquinas van a tener que identificarse ante el camarero del local que, a su vez, deberá comprobar si está inscrito, o no, en el registro de personas que tienen prohibido su acceso a salones de juego, casinos y bingos. "La LOPD y el reglamento europeo de protección de datos es muy claro al respecto y no me parece que sea muy legal que todos los camareros de la Comunidad Valenciana puedan acceder libremente a este registro", ha concluido.
