El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón - EPDASuma ha suscrito una Operación Especial de TesorerÃa por 244 millones de euros, importe que anticipará a los ayuntamientos de la provincia para garantizar su liquidez. En el Consejo Rector del organismo tributario se ha dado cuenta esta mañana de esta operación que el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha firmado con siete entidades bancarias.
El sistema de anticipos permite a los municipios que tienen delegada la gestión y cobro de sus tributos (IBI e IAE) en Suma afrontar en mejores condiciones y desde principios de año el pago de sus gastos corrientes sin tener que esperar a que finalice la recaudación de sus impuestos.
Mazón ha manifestado que "hacer llegar recursos a nuestros ayuntamientos es fundamental, especialmente ahora por las circunstancias que estamos viviendo debido a la crisis sanitaria, social y económica del Covid-19". "A ello responde el esfuerzo que hacemos desde Suma y desde la Diputación de Alicante para ayudar a los municipios con estos anticipos de tesorerÃa", ha destacado el presidente, quien ha señalado que estos adelantos "permitirán aliviar las arcas municipales para que los ayuntamientos puedan seguir haciendo frente a los innumerables gastos que la situación está generando y prestando, de forma eficiente y eficaz, los servicios que necesitan los ciudadanos".
Además, tal y como ha puesto de manifestó Mazón, desde Suma se ha conseguido cerrar esta operación con el menor coste financiero de la historia de ésta - tipo de interés del 0% y una comisión de no disponibilidad media ponderada del 0,06%- lo que se traducirá en un importante ahorro para los ayuntamientos, que acceden a estos anticipos en condiciones muy ventajosas. Todo ello, gracias a las negociaciones llevadas a cabo con las entidades Banco Sabadell, Caixabank, Cajamar, Bankia, Caja Rural Central, Caixa Ontinyent y Eurocaja Rural, que valoran muy positivamente la solvencia y la buena gestión económica-financiera de Suma.
Los anticipos se calculan en función del volumen de recaudación estimada del IBI y del IAE de cada ayuntamiento para el ejercicio en curso, estableciéndose un máximo del 75% de dicha comisión. Los municipios pueden solicitar la cantidad que precisen y los adelantos se fraccionan en mensualidades, de modo que pueden disponer cada mes del dinero que necesiten para sus gastos corrientes.
