Vista general del banquillo de los acusados en la Audiencia de Valencia en la primera vista del juicio a los 28 ultras que agredieron a varios manifestantes en la tradicional marcha de colectivos de izquierdas del 9 dOctubre (Día de la Comunitat Valenciana) de 2017. EFE-Biel Aliño
La Sección Primera de la Audiencia de Valencia ha suspendido el juicio por las agresiones del 9 d'Octubre de 2017 hasta los días 4, 5, 6, 7 y 8 de marzo de 2024 tras no alcanzar las partes un acuerdo de conformidad que parecía bastante adelantado, según habían informado varios letrados de las defensas.
El juicio debía haber arrancado este lunes a las 10 horas, pero se ha demorado por las negociaciones de última hora para ver si se alcanzaba una conformidad, pero a las 12.50 horas el presidente del tribunal ha pedido "un poco de seriedad" a los presentes y ha afirmado: "no podemos seguir sin saber si se conforman o no", y ha decidido suspender la vista.
La Fiscalía pedía inicialmente para los procesados unas condenas que van desde los tres hasta los siete años y medio de prisión por delitos de odio, desórdenes públicos, coacciones, amenazas leves, lesiones y maltrato de obra, y reclamaba además multas y el pago de indemnizaciones de entre 100 y 3.200 euros.
A estos delitos, la Comissió 9 d'Octubre -entidad organizadora de la manifestación, que ejerce la acusación a través de Acció Cultural-, añadía el de daños, el de odio y pertenencia a grupo criminal y, por la reincidencia en algunos casos, y pedía penas de entre 5 y 11 años de prisión.
Sin embargo, antes del inicio de la vista de este lunes varios letrados de las defensas habían informado de un pacto en virtud del cual veinticuatro de los veintiocho ultras serían condenados a 1 año y 4 meses de prisión, dos a 1 año y 7 meses y dos serían juzgados aparte por no haber admitido los hechos.
Entre los procesados que disentían del acuerdo general se encontraba un locutor de televisión y de radio que, según las acusaciones, en los días previos publicó distintos mensajes en las redes sociales donde hacía un llamamiento para impedir la manifestación convocada por diversos partidos políticos, sindicatos y asociaciones.
En virtud del referido pacto de conformidad que no se ha ratificado ante el tribunal, los acusados se habían comprometido a hacerse cargo de todas las costas procesales y a desembolsar 1.700 euros cada uno para atender las indemnizaciones a las víctimas.
