El
pleno de Les Corts
ha vivido este miércoles un
duro enfrentamiento político
entre el Consell y la oposición, con acusaciones mutuas de
corrupción
, reproches personales y peticiones de dimisión que han centrado buena parte de la sesión de control.
El síndic del
PSPV-PSOE, José Muñoz
, ha acusado a Pérez Llorca de tener un "problema gravísimo de
ejemplaridad
" y de haber contribuido, en pocos meses al frente de la Generalitat, a deteriorar la imagen institucional de la Comunitat Valenciana. Muñoz ha criticado además que la
Fiscalía Anticorrupción
investigue distintos ayuntamientos y organismos provinciales, y ha reprochado al president supuestas decisiones de nombramientos vinculados a su entorno personal.
En su respuesta, el
president
ha calificado las intervenciones de la oposición de "bochorno absoluto" y ha defendido su gestión, asegurando que su gobierno está centrado en la
gestión
y no en la confrontación política. Pérez Llorca ha contraatacado aludiendo a distintos casos judiciales que afectan a dirigentes socialistas y ha instado al PSPV a pedir perdón por determinados nombramientos del pasado, además de reivindicar los datos económicos de la Comunitat Valenciana.
Por su parte, el
síndic de Compromís, Joan Baldoví
, ha acusado al Consell de contribuir al aumento de la corrupción y ha pedido la
dimisión
del president al considerar que "no está a la altura" del cargo. Pérez Llorca ha replicado acusando a Compromís de mantener pactos con el PSPV y ha negado las acusaciones, insistiendo en que la oposición utiliza la corrupción como herramienta política.
En el turno de repreguntas, el diputado de Compromís Juan Bordera ha reprochado al PP su política de nombramientos, mientras que desde el Consell se ha respondido con duras críticas y gestos de confrontación en el hemiciclo.
Además, PSPV y Compromís han acusado al Consell de recortes en el juzgado de Catarroja que instruye la causa de la dana, algo que la consellera de Justicia, Nuria Martínez, ha negado, asegurando que se estabilizarán los refuerzos para garantizar el normal funcionamiento de la instrucción judicial.