El próximo jueves 13 de febrero, CCOO-PV y UGT-PV han convocado concentraciones en las tres capitales de provincia, coincidiendo con las movilizaciones que se realizarán en las principales ciudades de España, para exigir que el FOGASA (Fondo de Garantía Salarial) pague las prestaciones atrasadas a miles de parados que están en una situación límite por los impagos de este organismo. Y es que en la Comunitat Valenciana la situación es especialmente grave ya que de los más de 180.000 expedientes sin resolver en toda España, 32.000 pertenecen a nuestra autonomía, algunos de los cuales llevan más de dos años de retraso, lo que supone multiplicar por ocho el plazo legal de tres meses que marca el propio reglamento del FOGASA.
La misión fundamental de este organismo es el abono a los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena de parte de los créditos salariales e indemnizaciones pendientes de pago, por declaración de insolvencia o concurso de acreedores. Es decir, vienen a cubrir los impagos de demasiados empresarios sin escrúpulos que desaparecen sin pagar sus deudas con plantilla y proveedores.
De esta manera, la confluencia de la codicia empresarial y la ineficacia de la administración está llevando a miles de familias valencianas a una situación insostenible y dramática, mientras que la externalización de la gestión de la empresa por parte de la Administración ha agravado más la situación: sus trabajadores no gestionan los expedientes, no dan información, y no se les da formación alguna para ello, sin que exista ninguna actuación que permita normalizar el cobro de la prestación a favor de los solicitantes.
UGT y CCOO han presentado un Plan alternativo cuyas medidas no han sido tenidas en cuenta para alcanzar una solución global y definitiva que permita, en un plazo razonable, alcanzar unos niveles de gestión adecuados. La plantilla del FOGASA, sus condiciones laborales, y el número de empleados son completamente inadecuados, y no se están cubriendo los puestos de trabajo vacantes. La saturación es tal, que ni se comparece en los procedimientos judiciales, laborales y concursales, ni se contesta a los emplazamientos en los mismos.
