El acusado, en el juicio por la muerte del canónigo emérito de la catedral de Valencia. EFE-Ana Escobar
Un jurado popular ha declarado este martes culpable al hombre acusado del asesinato, en enero de 2024, del canónigo emérito de la Catedral de Valencia, de 80 años, cuyo cadáver fue encontrado en su cama y con signos de violencia por asfixia.
Según el veredicto hecho público en la Audiencia de Valencia, los miembros del jurado, por mayoría de siete votos a favor frente a dos en contra, consideran que el acusado, que fue detenido como sospechoso del crimen y está en prisión provisional, es culpable de la muerte del canónigo de acuerdo con otra persona, no identificada, que fue la autora material del hecho.
El jurado ha considerado que hubo un plan preestablecido para ir al domicilio de la víctima y apropiarse de su teléfono y de objetos de valor; que se ha probado que la muerte por asfixia del sacerdote no fue accidental; y que la hora de la muerte coincide con el posicionamiento del móvil del acusado, por lo que estaba en el lugar de los hechos.
También por siete votos a dos, el jurado considera al acusado culpable de quitarle la vida al canónigo a sabiendas de que por su condición física no tenía posibilidades de defenderse.
El jurado ha alcanzado la unanimidad en considerar que el acusado es culpable de haberse apoderado, junto a la persona que dio muerte al canónigo, de las tarjetas y el móvil de la víctima para obtener beneficios económicos, como demuestran imágenes aportadas a la causa, con las que hizo cuatro reintegros en cajeros y varias compras.
Además, el jurado ha acordado por unanimidad que no se proponga al Gobierno el indulto de la pena ni beneficios penitenciarios.
Tras la lectura del veredicto, el fiscal ha vuelto a pedir para el acusado -que conocía al canónigo porque tenían una relación de amistad desde hacía meses y estaba acusado de matarle tras haber accedido a su vivienda en compañía de otra persona no identificada- veinte años de prisión por el delito de asesinato, cinco años por robo con violencia y otros tres años de cárcel por otro delito continuado de estafa.
Por su parte, el abogado de la defensa ha planteado que se dicte una pena moderada dentro del margen que la ley permite.
Durante el juicio, la defensa ha mantenido que "no existe ninguna huella del acusado, ni rastro alguno de su ADN en la vivienda" y que los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa pero que no existe una responsabilidad penal por la muerte del sacerdote, por lo que pedía una condena de un año de cárcel.
La muerte de A.L.B. reveló que el sacerdote podría haber mantenido una vida oculta alejada de la espiritualidad y ejemplaridad que se le presuponía como religioso, cuyas consecuencias podrían estar estrechamente relacionadas con su muerte.
Según las averiguaciones policiales y el relato de vecinos y el conserje del edificio, situado en pleno casco histórico de la ciudad y a escasos metros del Palacio Arzobispal y la Catedral, el canónigo supuestamente solía mantener relaciones sexuales con varones a cambio de dinero.
