El copago ha obligado a una docena de familias de la comarca a prescindir de los servicios que ofrecen los centros ocupacionales de Sagunto, lo que representa el 25% del total. Tanto en Socoltie como en San Cristóbal ya se han producido las primeras bajas (cuatro y ocho, respectivamente) y, si la Conselleria de Bienestar Social no rectifica y aplica pronto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula el decreto del Consell que establece el copago, a esta docena de usuarios que ya se han dado de baja se sumarán muchas más.
El problema, según narran la directora de Socoltie y su homólogo en San Cristóbal, es que muchos usuarios no pueden hacer frente a este copago, que en algunos casos alcanza hasta el 90% del coste de la plaza. De hecho, en ambos centros, las bajas se han producido entre los usuarios que pagaban 200, 300 e incluso 400 euros por el servicio. La cantidad se establece en relación a la renta de la unidad familiar, y no a la capacidad económica del usuario.
Dificultades
A esto hay que sumar la situación por la que atraviesan algunas familias con dificultades económicas, que dependen de la paga del familiar que sufre una discapacidad para poder llegar a fin de mes. "Se quedan en el paro algunos miembros de la familia y deciden que el usuario deje el centro, para poder subsistir con la ayuda que recibe", apunta el director del Centro Ocupacional San Cristóbal, Pedro Miguel Rubio.
No obstante, "el único perjudicado es el usuario porque deja de hacer actividades que le ayudan a su desarrollo educativo, social y personal", matiza Rubio.
Por otra parte, la deuda del Consell, que se ha comprometido a pagar el 40% que queda de la resolución anual a finales de este mes, asfixia a los dos centros, que pagan con retrasos las nóminas a los trabajadores y el pago a los proveedores.
Cabe destacar que el TSJCV ha anulado el decreto del Consell que establece el copago en los servicios dirigidos a mayores y a las personas con discapacidad al considerar que es "coactivo" y "vulnera el principio de reserva de ley, el de legalidad en materia tributaria y el de jerarquía normativa".
Además, la sentencia tira por tierra el argumento del Consell y defiende que el servicio que se ofrece es "objetivamente indispensable para poder satisfacer las necesidades básicas de la vida personal o social de los particulares" porque "se trata de servicios primarios asistenciales, básicos e imprescindibles".
La Conselleria de Bienestar Social ha recurrido ante el Tribunal Supremo la sentencia y ha instado a todos los centros a mantener el copago hasta que se resuelva el proceso judicial. Un trámite que puede durar años, según ha criticado el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat.
Esta situación mantiene en vilo al centenar de usuarios de San Cristóbal y Socoltie, ya que "están a la expectativa de lo que pueda suceder", afirma la directora de Socoltie.
