No llega al escándalo de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, pero salpica también al Partido Socialista. Un empresario valenciano obliga a una treintena de sus trabajadores a afiliarse al PSOE en varios municipios para lograr después contratos municipales, según ha podido verificar El Periódico de Aquí. La estrategia es afiliar masivamente para apoyar al candidato o candidata a secretario/a general de la formación y pedir el favor prestado una vez llegan a las alcaldías.
Según los datos de este rotativo, este empresario local ha sido acusado de obligar a una treintena de sus trabajadores a afiliarse al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Según informes, la estrategia tenía como fin controlar las asambleas del partido y, así, facilitar la obtención de contratos lucrativos con varios ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. Existen audios y conversaciones al respecto.
La denuncia fue realizada por uno de los trabajadores de la empresa, quien, bajo la condición de anonimato, relata cómo recibieron presiones directas para afiliarse al partido. "Nos dijeron que era una cuestión de lealtad", explica uno de los afectados. "El empresario nos aseguró que, si no nos uníamos al PSOE, no podríamos seguir trabajando aquí, y muchos de nosotros tememos por nuestras empleos", prosigue.
La situación toma un giro oscuro al considerar que este tipo de maniobras podrían afectar no solo la integridad de la política local, sino también la transparencia en la adjudicación de contratos municipales.
Las variables que han surgido en torno a esta situación han generado un amplio debate sobre la corrupción y la ética en el ámbito empresarial y político. "Es inaceptable que se utilicen métodos de coacción para influir en decisiones políticas que deberían ser limpias y democráticas", manifestó un experto en ética empresarial. "Esto no solo viola la libre afiliación, sino que también plantea preguntas sobre la integridad de los contratos públicos".
A medida que las denuncias se difunden, los partidos políticos, incluidos el PSOE y sus rivales, demandan respuestas y ámbito para investigar estas alegaciones. Las autoridades incluso han comenzado a prestar atención, planteando la posibilidad de una investigación formal sobre las prácticas laborales del empresario y la aparente colusión entre el sector privado y los partidos políticos.
Por ahora, los trabajadores encuentran apoyo en organizaciones de derechos laborales que abogan por un entorno de trabajo libre y justo, y esperan que la situación resulte en un cambio que impida futuras manipulaciones. "Queremos que nuestra voz sea escuchada", concluye uno de los denunciantes. "No podemos permitir que esto continúe en la democracia que todos defendemos".
Una sede del PSOE en Valencia. EPDA
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