El funcionario del Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer, Raúl Ferrer, asegura que el secretario municipal es inocente y pide al resto de trabajadores que apoyen a José Antonio Sancho públicamente. Así lo han asegurado varios funcionarios a El Periódico de Aquí, que han señalado que ''con esta carta, que más parece estar escrita por el propio imputado, nos fuerza a posicionarnos, creando un malestar interno insostenible e insoportable. Es un problema de él y sus asuntos los debe solucionar él en el juzgado y dejarnos al resto trabajar. ¿Pero no dijo en su famosa rueda de prensa en el salón de plenos que lo que se investiga en La Pobla de Farnals no tiene nada que ver con Canet? Entonces, ¿para que nos mete en sus problemas a los funcionarios de Canet d'En Berenguer?''.
La carta, que se pretende remitir a los medios de comunicación una vez se consiga el apoyo de los funcionarios, dice así, bajo el título de ''Pues yo digo que es inocente'':
''Contemplo atónito los últimos acontecimientos acaecidos en torno a mi
buen amigo José Antonio Sancho, al respecto de los despiadados ataques
que algunos medios de comunicación están vertiendo contra él desde hace
ya bastante tiempo, bien sea por motivos de índole clara y estrictamente
personal o subjetiva, o bien lo sea por móviles relacionados con su
imputación por presunta malversación o menoscabo de caudales públicos.
Los primeros me producen una especial repugnancia, pues en ellos se
utiliza únicamente el insulto y la ofensa como medio de agresión
informativa, carecen de dialéctica, formalidad y dignidad alguna, y por
tanto no hay que hacerles el más mínimo caso… como si jamás hubiesen
tenido el infortunio de verse publicados.
Respecto a los segundos, me atrevo a conjeturar que se encuentran
directamente ligados a los anteriores, pues sospecho que los promotores
o artífices de los unos son las mismas fuentes inductoras sin
identificar de los otros.
El Derecho romano, considerado desde la antigüedad hasta hoy como un
excelente medio de educación jurídica, nos obsequia con una seria de
locuciones o expresiones adverbiales que resultan muy útiles y
apropiadas para el caso que nos ocupa:
El onus probandi ('carga de la prueba') es una expresión del principio
jurídico que señala quién está obligado a probar un determinado hecho
ante los tribunales.
El fundamento del onus probandi radica en un viejo aforismo de derecho
que expresa que «lo normal se entiende que está probado, lo anormal se
prueba». Por tanto, quien invoca algo que rompe el estado de normalidad,
debe probarlo («affirmanti incumbit probatio»: 'a quien afirma, incumbe
la prueba').
En el Derecho penal, el onus probandi es la base de la presunción de
inocencia de cualquier sistema jurídico que respete los derechos
humanos. Significa que para toda persona se presume su inocencia hasta
que se demuestre su culpabilidad. Es una presunción que admite prueba en
contrario, pero en la cual lo relevante es que quien acusa es quien
tiene que demostrar la acusación, es decir, el acusado no tiene que
demostrar su inocencia, ya que de ella se parte.
Por su parte, in dubio pro reo es una locución que expresa el principio
jurídico de que en caso de duda, por ejemplo, por insuficiencia
probatoria, se favorecerá al imputado o acusado. Es uno de los pilares
del Derecho penal moderno donde el fiscal debe probar la culpa del
acusado y no este último su inocencia. Podría traducirse como 'ante la
duda, a favor del reo'.
Su aplicación práctica está basada en el principio de que toda persona
es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. En caso de que el
juez no esté seguro de ésta, y así lo argumente en la sentencia, deberá
entonces dictar un fallo absolutorio.
Una vez enterado lo anterior, proseguiré señalando que el Tribunal
Constitucional ha dictado numerosas sentencias en defensa de la
presunción de inocencia, invocada constantemente pero no respetada.
Según el alto tribunal, cuando se inicia un proceso contra cualquier
ciudadano, debe partirse de una 'verdad interina', la de su apriorística
inocencia. Para destruirla, hacen falta pruebas de cargo obtenidas con
todas las garantías y que un tribunal competente e imparcial declare su
culpabilidad, tras comprobar que existen actos incriminatorios y pruebas
que borren toda incertidumbre sobre la culpabilidad o inocencia. Es una
presunción que garantiza el derecho de toda persona a no sufrir sanción
o condena mientras no se declare judicialmente su culpabilidad.
Sin embargo, este derecho se vulnera con impunidad. Cuando se tiene
conocimiento de un delito, sin esperar a que se practique una mínima
actividad de instrucción, se publica el nombre del supuestamente
culpable, señalándose interioridades de su vida, y en los delitos
económicos exponiendo documentos personales. La persona sufre una cruel
persecución que no debería admitirse. Los delitos deben castigarse con
las penas que la ley haya establecido, sin aplicarse castigos adyacentes
a través de la divulgación periodística. Las informaciones indebidas
deberían considerarse punibles.
La libertad de expresión y de información son derechos protegidos en la
Constitución, imprescindibles para la democracia, pero los tribunales
han establecido con claridad sus límites. Quedan extramuros de la
protección las injurias y el insulto personal o familiar. La información
debe haberse obtenido 'según los cánones de la profesionalidad
informativa, excluyendo rumores o puras insidias'. Es decir, el derecho
al honor pone límite al de la libre expresión.
Considerar culpable a una persona sin pruebas daña la estima e imagen
propia y ajena, y puede acarrear la destrucción física y psicológica del
inculpado y de su familia. Con ello, se pone en duda la fe en la
justicia y la sociedad se degrada.
Ahondando todavía un poco más en mi razonada y sana crítica hacia
aquellos medios de comunicación que parecen disfrutar agrediendo y
embistiendo fieramente contra José Antonio Sancho, continuaré diciendo
que en un mundo de tramas, en un mundo donde existe un mercado mundial
de mentiras, nada tiene de extraño que el periodismo de denuncia sea –
paradójicamente – sospechoso de alentar tramas y mentiras.
La razón de mi sospecha es básicamente la utilización periodística de
fuentes sin identificar, cuyo derecho a la ocultación – deber al secreto
profesional de las fuentes – es, cuanto menos, una cuestión polémica.
La situación suele agravarse en el caso del periodismo de denuncia, ya
que la gran mayoría de los escándalos que denuncia la prensa tienen su
origen en alguien ajeno al medio, interesado, por razones personales, en
que el asunto se haga público.
Las razones pueden ser viles o patrióticas, económicas o políticas,
frívolas o serias, pero el problema es sustancialmente el mismo.
Es posible que algunas redacciones sean capaces de descubrir lo que está
oculto y hasta conseguir las pruebas correspondientes. Pero las cosas no
siempre se producen así. Es un mito mantener que algunos periodistas son
detectives natos. Y es verdad que las fuentes interesadas – en este caso
políticas y administrativas –, incumpliendo deberes de custodia, de
confidencialidad, deberes propios del cargo o de la profesión, recurren
al periodismo para atacar a su enemigo, a su competidor o a la
institución con las que están despechadas, en un intento de manipulación
de guante blanco.
Todo lo cual remite al problema de cómo practicar el periodismo de
denuncia sin pagar por ello el precio de una colaboración necesaria con
fuentes interesadas que permanecen en la sombra.
Conclusiones: El periodismo de denuncia contra José Antonio Sancho es un
eventual juicio paralelo sin garantías de imparcialidad ni, por tanto,
de justicia.
Las denuncias que se publican constituyen un puro juicio de hecho con
efectos irreparables muchas veces, un auténtico linchamiento social que
vulnera una y otra vez el derecho a la presunción de inocencia.
La prensa está actuando, en este caso, como un tribunal deficiente y un
pésimo departamento de Justicia: sus patrones de prueba son pobres y
padece ataques repentinos de amnesia. Lo que vendría a duplicar – desde
mi posición crítica – su falta de legitimidad.
Moraleja: con la misma 'libertad' (dícese libertinaje) que 'ellos'
gastan para proclamar a los cuatro vientos que mi compañero es culpable,
yo digo, tranquila y serenamente, que es inocente... ¿pasa algo''
Leído los primeros párrafos otro trabajador lo deja claro: ''esto tiene el estilo personal e inconfundible del acusado''. El fiscal le pide 9 años de cárcel y se ha abierto juicio oral contra él.
J. A. Sancho. FOTO EPDA
