Un perito de Hacienda ha declarado en el juicio de caso Gürtel que fue ilegal el contrato de más de siete millones de euros para el montaje de pantallas y sonido para la visita del papa a València en 2006 concedido directamente a la trama corrupta a través de una empresa instrumental sin concurso público.
La Audiencia Nacional ha reanudado este lunes el juicio de los veintidós acusados de esta pieza del caso de corrupción relacionado con el PP, seguida por supuestas adjudicaciones irregulares al entramado liderado por Francisco Correa con motivo de la visita del papa Benedicto XVI a València en julio de 2006 para participar en el V Encuentro Mundial de las Familias.
Según la Fiscalía Anticorrupción, tras asumir la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) la señal de la retransmisión de la visita del papa el entramado de Gürtel consiguió que el ente público le adjudicara un montaje de pantallas y sonido en las calles de València por "un precio desorbitado" de más de siete millones de euros.
La Fiscalía mantiene que el entonces director general de RTVV, el acusado Pedro García Gimeno, vulnerando las normas de contratación pública llevó a cabo actuaciones para dicha adjudicación por la que se repartió más de tres millones de euros con los miembros de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo; Álvaro Pérez, el Bigotes; y el también acusado Ramón Blanco Balín, asesor del grupo.
En la jornada de este lunes ha declarado el interventor de Hacienda que ha elaborado más de cuarenta informes periciales de las diferentes piezas del caso Gürtel, entre ellas la que se está juzgando de la visita del papa.
El perito ha manifestado que por la cuantía del contrato que se está enjuiciando el mismo se debió haber tramitado mediante concurso público con publicidad y no como se hizo, un procedimiento negociado sin publicidad.
Ha añadido que además detectó que la RTVV adjudicó directamente el contrato a Teconsa y que posteriormente los acusados "dieron apariencia de legalidad" al expediente para que pareciera que figuraban al menos las tres ofertas que exige la ley de contratos con la Administración pública para los procedimientos negociados.
Según la Fiscalía el ente público RTVV adjudicó el contrato a Teconsa, que era una empresa de construcción que el grupo de Correa utilizó como sociedad instrumental para que figurara como la adjudicataria, y que por esta participación esta sociedad recibió una supuesta comisión de 200.000 euros.
Al respecto el pasado 25 de junio el coordinador técnico del montaje de pantallas testificó que Pablo Crespo le dijo que tendría que firmar el contrato con Teconsa, que era una "empresa de construcción amiga", que no pertenecía al sector audiovisual.
Así lo dijo entonces dicho testigo tras ser preguntado por la fiscal respecto a si se trataba de un motivo político al estar ya trabajando Orange Market, la empresa de la trama en València, con el Gobierno autonómico.
"Aquí no hay constancia de que se pidieran ofertas a otras empresas y que se recibieran, como marca la ley, en sobre cerrado para ser analizadas por la mesa de contratación", ha mantenido el perito de Hacienda que ha comparecido este lunes.
Y ha apostillado que "las ofertas no puede estar circulando en correos electrónicos", que son los que los acusados adjuntaron al expediente, que realizaron "para darle apariencia de legalidad", ha recalcado.
Además ha indicado que analizados los precios del mercado de otras empresas del sector apreció un sobreprecio de más de dos millones de euros en el contrato de adjudicación de las pantallas y el sonido.
Igualmente, el perito ha comentado que "como Teconsa se dedicaba a otra cosa tuvo que subcontratarlo todo, tanto las pantallas como el sonido", a pesar de que la normativa lo prohibía.
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