El diputado y actual presidente provincial del PPCV, Vicente Betoret. EFE
Rafael García Barat, uno de los socios empresariales del ex gerente de Imelsa (y autodenominado 'yonki del dinero'), Marcos Benavent, ha asegurado este jueves ante el juez que instruye el caso Imelsa que facturó directamente gastos electorales al entonces alcalde de Vilamarxant y coordinador provincial del PP, Vicente Betoret.
Esta declaración contrasta, según las fuentes del caso consultadas por EFE, con la que realizó el propio Betoret, ahora diputado nacional del PP, en calidad de testigo ante el mismo juez el pasado 2 de septiembre, cuando aseguró en reiteradas ocasiones que no recordaba nada.
Los investigadores creen que García Barat gestionaba, con el apoyo en la sombra de Benavent, la empresa de comunicación Themática Events, vinculada a la supuesta financiación ilegal del PP valenciano.
La declaración de García Barat, en calidad de investigado, es consecuencia de uno de los informes que la UCO de la Guardia Civil ha presentado en la causa, en el que se que detectó el pago de actos electorales del PP en varios municipios como Vilamarxant o Moncada en las campañas electorales de 2007 y 2011.
También ha declarado este jueves en calidad de investigado el exalcalde de Moncada y coordinador de las campañas electorales bajo investigación, Juan José Medina.
Medina ha reconocido que los trabajos de campaña se contrataron con Themática, una empresa que, según ha asegurado, no conocía pero que vino recomendada por Marcos Benavent.
Sin embargo, ni García Barat ni Medina han aportado por el momento documentación sobre esos contratos y pagos a Themática, ni han admitido irregularidad alguna sobre el origen de los fondos utilizados para el abono de gastos de campaña, que se sospecha ilícito.
El actual diputado del PP Vicente Betoret no está imputado en esta causa porque su nombre no apareció en los informes policiales hasta tiempo después del inicio de la investigación y los posibles hechos delictivos que se le pudieran atribuir habrían prescrito, aunque la Fiscalía Anticorrupción considere que pudo haber incurrido en alguna conducta delictiva.
