Un vecino esgrime en la audiencia pública un informe contrario a la ubicación del crematorio en el polígono de Canet d'En Berenguer y el gobierno del PP lo estudiará

Lleno casi total. Un centenar de vecinos de Canet d'En Berenguer han acudido esta tarde a la audiencia pública convocada por el gobierno municipal para aclarar dudas ante la alarma social suscitada por el anuncio de instalación de un crematorio en el polígono industrial, muy cerca de las primeras viviendas del núcleo urbano. Uno de los vecinos, experto en la materia, aseguró que la ubicación era ilegal, basándose en el grado de peligrosidad permitido en el Plan General de Ordenación Urbana (grado tres máximo), mientras que el tipo de empresa es de grado 4. Este hecho motivó las críticas a la técnica que había realizado el informe de compatibilidad urbanística favorable a la instalación del crematorio y el equipo de gobierno del PP se comprometió a estudiar este hecho y tomar medidas contra la funcionaria si se cumple lo anunciado por el vecino.

La audiencia comenzó con la intervención de Paco Álvarez, de la empresa García Sanchis, recordando que está más de 70 años en la comarca, recordando que gestionan el tanatorio Camp de Morvedre, junto al hospital. Señaló que hay más de 400 instalaciones de este tipo en España y que cumplen las normas medioambientales. Su intervención derivó enseguida  en una crítica a los partidos de la oposición que más se han opuesto, como EU y Compromís: ''lamentamos que se haya creado un cierto revuelso social, todo promovido por grupos políticos de la oposición en un intento de desgastar al gobierno'', lo que motivó las quejas del público. Álvarez señaló que el crematorio estaba a 500 metros en línea recta de la primera vivienda y defendió el interés de la empresa por ubicarse en Canet ''porque es una necesidad creciente en España'' el tema de los crematorios, ''que no es en sí un negocio''.

Tras la desafortunada explicación, intervino Nieves Losilla, como experta medioambiental, quien desglosó la seguridad que envuelven a los crematorios, aportando datos sobre su funcionamiento y defendiendo la seguridad de las instalaciones, ''inocuas'' para la población.

La charla, moderada por el concejal Jaime Llinares -PP-, dio un giro cuando intervino un vecino que es experto en la materia, al denunciar la ''ilegalidad'' del informe de compatibilidad urbanística de la técnico, ya que aseguró que ''en el PGOU se establece que el polígono sólo puede haber isntalaciones como máximo de grado 3 en cuanto a molestias y el horno crematorio es de grado 4, por cuanto trabaja por oxidación por vía seca''. ''Está prohibido, simple y llanamente. Si esto no se para y acaba en el juzgado y el juez pide que se indemnice a la empresa porque tiene el informe favorable del técnico, entonces lo vamos a pagar todos los ciudadanos''.

Después de varias intervenciones más de varios vecinos, el concejal Llinares se comprometió a revisar el informe del técnico municipal y en caso de tener razón el vecino, el crematorio no se instalará en Canet y se amonestará a la funcionaria.

La audiencia, que se prolongó durante hora y media, vivió algún momento de tensión, como cuando intervino un miembro de EU y respondió Jorge Gómez (PP) criticando que cuando gobernaba EU con mayoría absoluta se aprobó la ubicación de una gasolinera en zona verde y junto al campo de fútbol y el emisario submarino ''sin contar con el pueblo''.

Carme Antoni, secretaria local de Compromís, quien aseguró ser la promotora de la colocación de pancartas por los balcones del pueblo, por su parte, se preguntó si la elección del polígono era ''el lugar más saludable, siendo tan pequeño y estando tan cerca de la población'' y se preguntó ''por qué se rechazó en Sagunto y no hay problema en Canet''.

Otra vecina hizo hincapié en los numerosos casos de cáncer y esclerosis múltiple concentrados en una zona de Canet y criticó que el crematorio se planifique en un polígono ''donde hay una bolera, un restaurante, un centro de diálisis, un gimnasio y hasta se hace croissants''.

Pere Antoni, por su parte, quiso saber ''qué medidas se van a tomar en caso de que finalmente se instale para que los vecinos estemos bien tranquilos de que no va a suceder nada malo''.

Después de varias intervenciones más, Llinares recordó que el gobierno no puede rechazar la ubicación de la empresa si cumple todos los requisitos legales, pues incurriría en prevaricación, pero cogió el guante del mensaje lanzado por el vecino que aseguró que la elección del polígono es ilegal.

Entre el centenar de vecinos acudieron representantes de EU y Compromís, así como el secretario general del PSPV-PSOE, Pere Antoni. Por parte del gobierno local, estuvieron, además de Jaime Llinares, Jorge Gómez, Carlos Julián y Rafa Corresa. María Amor Uviedo hizo lo propio por EU, así como Reyes Antoni del PSPV. Y un edil de IPC.