Víctor Jiménez. Simplificando al máximo, la acción de un gobierno viene dada por dos decisiones elementales: en qué se gasta el dinero y de quién y en qué porcentaje se recauda. Resulta ingenuo pensar que la distribución real del bienestar, de la renta y de las oportunidades no depende en esencia de este par de decisiones. Pero la crisis financiera ha supuesto un desdoblamiento de la personalidad económica de los países: los gobernantes elegidos tienen cada vez menos capacidad de decisión y quienes operan en los grandes mercados, los que a menudo marcan el ritmo de las decisiones económicas, evitan tener que ser elegidos. En medio de esta pugna, la Comisión Europea ha llegado a plantear que los presupuestos de los países, expresión última de ese par de decisiones elementales que los gobiernos tienen la obligación y el derecho de adoptar, deben ser elaborados por comités de expertos independientes.
La Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada por el PP con el voto en contra del PSOE, supone la consagración de esta escalada deslegitimadora. Y la peor parte se la llevan los ciudadanos. Los Ayuntamientos tienen la obligación de aprobar sus presupuestos con un superávit excesivo, impuesto por quien tiene un déficit excesivo, porque se pretende maquillar dicho déficit a base de ahorro neto de los Ayuntamientos. El problema es que este ahorro neto de los presupuestos municipales impide elevar el gasto en servicios sociales, en educación o en creación de empleo local.
Por si fuera poco, se aprueba un segundo marco normativo para limitar las competencias de los Ayuntamientos precisamente en educación y en servicios sociales, y se impide en los presupuestos generales la contratación de más personal por los Ayuntamientos. Se legisla para detraer empleo público y estimular contrataciones al sector privado más precarias y con menos derechos para los trabajadores: donde antes había un trabajador con derechos ahora hay un autónomo que sueña con ser mileurista, sin cobertura social, sin vacaciones y sin esperanzas. Esta ley ha generado más desigualdad, menos oportunidades y más pobreza para muchos vecinos de l'Horta Nord.
