Unauto asegura que la regulación valenciana de las VTC infringe la Constitución

La patronal de los vehículos de transporte con conductor, Unauto VTC, ha señalado que el decreto ley de regulación de las VTC, que tramita la Generalitat, infringe la Constitución y la legislación europea, por lo que reclama una mesa de diálogo para elaborar una normativa justa para el sector que beneficie a todos los valencianos.

Entre las alegaciones de la patronal, remitidas en un comunicado, han considerado que el periodo mínimo de quince minutos entre el momento de la solicitud del servicio y su inicio o la eliminación de la geolocalización son "factores determinantes para la existencia del sector" y atentan contra el artículo 38 de la Constitución, que garantiza la libertad de empresa.

La patronal ha asegurado que las restricciones que se pretenden aprobar atentan contra los principios de libre competencia y libre establecimiento de la Unión Europea (UE), y exponen a la Comunitat a posibles multas por parte de la Comisión Europea, al restringir la competencia injustificadamente.

Sin embargo, el informe de la Abogacía de la Generalitat que valida la "viabilidad jurídica" del decreto ley, según informó la Conselleria de Obras Públicas en su momento, establece que desde la perspectiva del derecho europeo se permite regular los servicios de intermediación en el transporte y su competencia la tienen los estados miembros (y las comunidades autónomas en España por delegación del Estado).

El presidente de Unauto VTC Valencia, Ricardo González, ha pedido al Consell que "no se precipite a la hora de legislar el sector" y que "abra un diálogo con todas las partes implicadas con el fin de conseguir una regulación que favorezca al interés general y no al interés exclusivo del sector del taxi".

Asimismo, la patronal ha recordado el informe publicado por la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana (CDCCV) el pasado 12 de marzo, en el que se afirma que el proyecto de decreto ley sobre las VTC "no es la opción regulatoria más favorecedora de la competencia".

"Muy al contrario -continúa el informe-, la decisión de regular el servicio VTC de una manera más restrictiva que el del taxi" supone "un claro perjuicio para las personas usuarias en la medida en que restringe la competencia limitando la oferta en este mercado y les priva de posibles beneficios en términos de servicios más innovadores, más baratos y de mejor calidad".

Sobre el tiempo mínimo de quince minutos de precontratación, el informe de la CDCCV señala que es "una limitación artificial que impacta sobre una innovación valorada positivamente por las personas usuarias, que mejora el servicio prestado, y que responde a la lógica de la evolución tecnológica en beneficio de quienes utilizan el servicio".

En este sentido, Unauto ha reclamado una reunión urgente con la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, para "evitar la desaparición de más de 500 puestos de trabajo, así como el pago de más de 160 millones de euros en indemnizaciones a los titulares de las autorizaciones VTC".