Unión Progreso y Democracia en la Comunitat
Valenciana asegura que la nulidad del ERE de RTVV demuestra que la chapuza del
Consell a la hora de gestionar los recursos públicos de todos los valencianos. La
formación magenta recuerda que en febrero el ente público anunció el despido de 843
trabajadores mediante el envío de una carta por correo electrónico que afectaba no
solo a empleados históricos de la empresa sino también a matrimonios y empleados
con discapacidad. En total, 1.198 trabajadores afectados y una deuda de más de
1.200 millones de euros.
Para el coordinador territorial, Romain Muzzati, el ERE "lo tumban porque está mal
planteado y peor ejecutado, no por una posible falta de oportunidad política o de
condiciones. Tenían un año para efectuar los despidos y no se ejecutaron. La chapuza
es tan evidente que despidieron en el último trimestre a un número diferente del que
figuraba en el documento, incluso readmitieron a empleados hace poco porque se
quedaron sin técnicos". Muzzati sostiene que "hacer las cosas mal conlleva este
resultado: un incremento de la inseguridad laboral, un sobre coste que pagamos todos
y una injusticia. Contratar a dedo y sin control acaba siendo nocivo, para la empresa y
para los contribuyentes", añade.
UPyD argumenta que la situación ruinosa de la televisión y la radio pública valenciana
se debe a una pésima gestión económica, un nepotismo a la hora de contratar y a una
depreciación de la calidad de los contenidos, de la credibilidad de los informativos y,
en consecuencia, a un progresivo abandono de la audiencia en favor de otras ofertas
televisivas. Muzzati destaca que "los valencianos queremos una televisión pública de
calidad, plural, sostenible en términos económicos y sin manipulaciones".
El partido recuerda que la Generalitat tuvo que afrontar una situación similar en abril
tras una sentencia de la misma sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunitat Valenciana. En este caso, la protagonista era la empresa pública VAERSA
(Valenciana de aprovechamiento energético de residuos SA). El ente de la Conselleria
de Medio Ambiente presentó un ERE que afectaba a 278 trabajadores. La justicia
obligó hace medio año a admitirlos. El alto tribunal estimó que no hubo una auténtica
voluntad negociadora con rasgos de buena fe contractual. Muzzati afirma que el
Consell "se ha vuelto a lucir y ejemplos no nos faltan. En estos momentos, la
Generalitat, gobernada por el PP, es un ERE, pero pagamos siempre los mismos".
