La formación magenta recuerda que la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de saneamiento de aguas residuales de la Comunidad Valenciana, en su artículo 20, establece que "el hecho imponible lo constituye la producción de aguas residuales, manifestada a través del consumo de agua de cualquier procedencia". Es decir, por el mero hecho de "consumir agua", de cualquier procedencia, potable o no, la Generalitat está grabando dicho consumo con un impuesto desde hace más de 20 años aunque el ciudadano no disponga del servicio obligado por ley de alcantarillado –competencia del Ayuntamiento–, o pese a disponer del servicio, éste no esté conectado a un colector en servicio –competencia de la Generalitat–.
Además, la Directiva del Consejo, de 21 de mayo de 1991 (91/271/CEE), sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para garantizar que dichas aguas sean tratadas correctamente antes de su vertido y establece como fecha límite para los Estados miembros el año 2005. El objetivo es que todas las zonas estuviesen dotadas de red de alcantarillado, colectores en servicio y depuradoras para el tratamiento de las aguas residuales. Dicha directiva fue traspuesta a nuestro ordenamiento interno por el Real Decreto-Ley 11/95, de 28 de diciembre y España recibió subvenciones de la Unión Europea para su dotación.
El coordinador territorial, Alexis Marí, afirma que "es imprescindible dotar a los ciudadanos afectados de las infraestructuras y servicios a los que obliga la normativa comunitaria y nacional. Es incomprensible que hayan pasado más de nueve años desde la trasposición de la Directiva y sigamos con deficiencias. Exigimos que se devuelva el dinero cobrado por un servicio no prestado y se solvente esta situación cuanto antes".
