Unión Progreso y Democracia de la Comunitat
Valenciana afirma que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, debe explicar en
Les Corts la postura del Consell sobre el anteproyecto de reforma de Ley General de
Comunicación Audiovisual que prepara el Gobierno central. El documento señala que
las comunidades autónomas pueden elegir qué modelo prefieren para gestionar sus
televisiones públicas -público, privado o modelo mixto- y además, abre la puerta a
la externalización de los servicios informativos y elimina la obligatoriedad de que la
mayoría de la programación de las cadenas de televisión públicas sea de producción
propia.
Para el coordinador territorial de UPyD, Romain Muzzati, "Fabra tiene que explicarnos
si detrás del expediente de regulación de empleo que planea sobre Radio Televisión
Valenciana se esconde la privatización de los servicios informativos". Si se diera ese
caso, la formación magenta sostiene que la vocación de servicio público, que ha sido
inexistente tanto con populares como con socialistas, recibiría la puntilla.
El programa electoral de UPyD en la Comunitat hace hincapié en la torticera utilización
del ente público en beneficio del Partido Popular, con información banal, de sucesos y
puro entretenimiento para desviar la atención ante los flagrantes casos de corrupción
que siguen afectando a los populares.
Muzzati plantea que "es vital asumir la situación de quiebra técnica de RTVV,
determinada por una deuda superior a los 1.200 millones de euros de la cual la
Generalitat es avalista. Debemos diseñar un plan urgente de viabilidad, que ponga fin
al ingente gasto que arrastra el ente, eliminando cargos, asesores y derechos
audiovisuales imposibles de gestionar, como la Fórmula 1 o la UEFA Champions
League".
UPyD insiste en resaltar la condición de servicio público de RTVV, eliminando todo lo
que de superfluo a estos fines se ha ido añadiendo. Para ello, se debe renunciar a
competir en el mercado con otras corporaciones audiovisuales de cobertura nacional.
En este sentido, Muzzati recuerda que "es inaudito que siga coleando la cobertura
informativa de la visita del Papa en 2006, porque por culpa de que Canal 9 asumió en
solitario la señal televisiva para todo el mundo, el ente hizo un esfuerzo mayúsculo en
la compra de equipos audiovisuales carísimos que no disponía en ese momento.
Hubiera sido más sencillo haber cedido esos derechos a TVE que tiene más
experiencia en la cobertura de grandes eventos y no haber hecho negocios con
Orange Market, empresa implicada en el caso Gürtel".
El partido propone potenciar la producción propia con los medios técnicos y humanos
propios del ente, instaurando prácticas de buen gobierno, ajustando RTVV a la
legalidad, mediante la creación y puesta en marcha del Consejo Asesor que establece
la Ley de Creación de la Entidad Pública RTVV y regulación de los servicios de
radiodifusión y televisión de la Generalitat Valenciana, de 1984, en su artículo 9.
Además, UPyD defiende la restricción, al mínimo imprescindible, de la contratación de
productoras externas por parte de las sociedades de RTVV.
Muzzati subraya que "si Canal 9 llega a externalizar su servicios informativos, como ya
lo hacen las televisiones públicas de Canarias Aragón, Baleares o Murcia, habría que
replantearse, nuevamente, la naturaleza jurídica del ente y, en todo caso, analizar con
lupa las empresas que se encargarían de elaborar las noticias. Sinceramente, con la
audiencia del último año, una plantilla de 1.800 trabajadores que tras el ERE puede
quedar reducida a la mitad, seguiría estando totalmente sobredimensionada. Es
insostenible que cada valenciano esté pagando 92 euros de su bolsillo para mantener
una tele que solo ven, de media, 6 espectadores de cada 100".
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