Unión Progreso y Democracia en la Comunitat
Valenciana propone anular la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la comarca
de la Vega Baja. La formación magenta considera que el asunto está sometido a
varios procesos de investigación judicial que ponen de manifiesto irregularidades en la
adjudicación.
Además de la investigación judicial que se inició hace varios años dentro de la
operación Brugal por un supuesto amaño y corrupción en la adjudicación, las
Plataformas anti vertedero y los vecinos afectados están aportando informes
geológicos y medioambientales realizados por técnicos de la Universidad de Alicante
que demuestran que los terrenos sobre los que se ha previsto ubicarlo no son los
adecuados. UPyD afirma que estos se sitúan sobre un acuífero con el nivel freático a
solo tres metros de profundidad y, además, el terreno es muy inestable por la
proximidad de una falla con gran actividad sísmica. El coordinador territorial, Romain
Muzzati, destaca que "la chapuza de este tema se agrava porque la empresa
adjudicataria que decía tener la propiedad del suelo destinado al vertedero y planta de
transferencia no la tiene".
La nueva directiva europea en la materia aumenta el porcentaje de residuos que se
tienen que separar para el reciclaje y prohíbe los vertederos a cielo abierto, que deben
desaparecer en los próximos años. "No tiene sentido desarrollar un macro vertedero
para recibir el 100% de los residuos generados. Habrá que volver a pequeños
vertederos muy controlados, impermeabilizados en profundidad y en superficie",
sostiene Muzzati
El partido argumenta que tampoco tiene sentido desarrollar una macro planta de
transferencia para compactar la basura y trasladarla a camiones de gran tonelaje. Lo
ideal es crear pequeñas plantas de separación y clasificación para el reciclaje.
Además, los ayuntamientos podrían obtener ingresos o reducir la cuota que se le
pretende imponer por cada tonelada gestionada (enterrada). Hay consistorios que
ahora están pagando 12 euros por tonelada y tendrían que pasar a pagar 60.
Muzzati subraya que "lo normal es que se anule la adjudicación sin necesidad de
indemnizar a la concesionaria. Más bien habría que pedir responsabilidades a la
empresa y a los anteriores gobernantes de la Diputación, por la falta de informes
geológicos y ambientales favorables".
