Unión Progreso y Democracia en la
Comunitat Valenciana ha solicitado a los Ayuntamientos de Catarroja,
Massanassa, Paiporta y Sedaví la creación de un reglamento que regule la
concesión de ayudas para las personas afectadas por ejecuciones
hipotecarias. En concreto, UPyD ha pedido que las ayudas permitan la
liquidación del Impuesto de Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza
Urbana, y que prevea la dación en pago de deudores con pocos recursos.
El coordinador territorial de UPyD en la Comunidad Valenciana, Romain
Muzzati, afirma que los Ayuntamientos no pueden permanecer al margen de
esta situación, que está suponiendo una de las caras más amargas de la crisis
económica. Nosotros planteamos reservar una partida en los presupuestos
municipales de 2014 de estas localidades para cubrir las ayudas a los
afectados, y que además dicha ayuda sea retroactiva hasta, como mínimo, las
ejecuciones de 2008".
UPyD ya propuso que cuando el ejecutado sea un consumidor y el bien
subastado, su vivienda habitual, las autoridades judiciales puedan rechazar la
reclamación de la deuda pendiente tras el desahucio ante causas justas,
apreciadas discrecionalmente y debidamente acreditadas, tales como
desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo o larga enfermedad.
Muzzati asegura que las instituciones públicas están para ayudar a "los que
más dependen de ellas, por lo general, las clases menos favorecidas. Somos
conscientes de que las familias que no pagan no son delincuentes,
sencillamente no pueden hacer frente a la hipoteca porque han perdido el
empleo. Según el coordinador, dejar en el desamparo más absoluto a estar
personas es "obligarlas a vivir en la marginalidad y fuera de toda esperanza de
prosperar. La clase media valenciana se está vaciando a chorros y sin el
consumo de estas personas la reactivación económica se vislumbra lejana".
