El
partido destaca que a día de hoy, pocos meses después de la puesta
en marcha de este sistema, las cámaras han tramitado un total de
24.000 sanciones a 200 euros cada una. El candidato de UPYD al
Congreso por Valencia, Yuri Aguilar, considera que, "estamos ante
una medida puramente recaudatoria, y más teniendo en cuenta que la
inmensa mayoría de radares están situados en vías con una
siniestralidad bajísima".
UPYD destaca que en su momento,
seis alcaldes de la comarca firmaron un contrato con la empresa
adjudicataria de los radares con unas cláusulas de rescisión
'demasiado altas', algo que considera un gestor de 'gran
torpeza política', ya que ahora deshacer los contratos supondría
un coste demasiado elevado para las arcas municipales.
Asimismo,
Yuri Aguilar, asegura que, "por citar un ejemplo, Catarroja tiene
seis cámaras instaladas, y una ciudad como Madrid apenas tiene
catorce. La única razón por la que instalar estas cámaras en una
vía con tan pocos accidentes que incluso tiene pasos de peatones sin
semáforos, es puramente económica".
De este modo, UPYD propondrá a todos los ayuntamientos implicados que no renueven la concesión con dicha empresa, que se instalen más y mejores señales que adviertan de los radares y que se trabaje conjuntamente con la mancomunidad para minimizar el impacto de los radares contratados".
