Los hechos represivos del franquismo deben ser contemplados por los tribunales españoles como crÃmenes contra la humanidad, lo que supone que sus actos contra los derechos humanos no prescriben y deben ser investigados judicialmente en la actualidad, según defienden sus vÃctimas.
Seis de ellas han presentado este lunes en València nuevas querellas por detenciones y torturas sufridas en 1975 en la Jefatura Superior de PolicÃa y de la Guardia Civil en esta ciudad.
Estas seis vÃctimas de la represión de la policÃa franquista han exigido que acabe la impunidad para los represores de la dictadura y que no se archiven sus denuncias, como ha venido sucediendo anteriormente con otras similares. Para ello, la clave está en la consideración de los hechos como crÃmenes contra la humanidad.
Los querellantes militaban en distintas organizaciones polÃticas de izquierda de entonces -MCE, PCE y PCE(m-1)/FRAP- y fueron detenidos "en las redadas que en el verano y otoño de 1975 practicó en Valencia la policÃa franquista contra cerca de un centenar de personas que pertenecÃan a grupos opositores a la dictadura".
"España es el segundo paÃs del mundo en número de desaparecidos polÃticos", denunciaba en el Salón Magnà nim del Centro Cultural de la Beneficència (cedido por la Diputación para este acto) la abogada Arà dia Ruiz, quien hablaba asà en nombre de los querellantes contra represores franquistas como los expolicÃas Antonio González Pacheco (Billy El Niño) y BenjamÃn Solsona, destacados miembros de la Brigada PolÃtico Social.
Cientos de campos de concentración, cientos de miles de exiliados y desaparecidos y otros tantos muertos componen un contexto de "aniquilación sistemática del enemigo ideológico" que debe ser considerada como crimen de lesa humanidad, ha explicado Ruiz.
La letrada sostiene que esta consideración anularÃa los argumentos que, hasta el momento, han impedido que se abrieran investigaciones judiciales contra hechos como los denunciados este lunes: la Ley de AmnistÃa anterior a la Constitución de 1978; el principio de legalidad penal y la no retroactividad; la prescripción de los delitos y la muerte de los posibles responsables.
Estos argumentos, recogidos en la jurisprudencia del Supremo y su sentencia de 2012, contraria a los escritos de las vÃctimas del Franquismo, se oponen al derecho internacional, tomando como base convenios firmados por España como es el caso de Nüremberg (1949), ha señalado Arádia Ruiz, después de cuya intervención han hablado las vÃctimas.
"La misma noche en que murió Franco, me soltaron", recordaba este lunes, frente a un micrófono, Antonio Molla, sindicalista torturado durante una semana en dependencias de la Jefatura Superior de PolicÃa de Valencia y luego ingresado en prisión como represalia por sus actividades antifranquistas.
Las otras vÃctimas han hecho a su vez relato de los puñetazos, patadas y corrientes eléctricas sufridas, de las detenciones ilegales y de las ejecuciones simuladas, en buena medida protagonizados por el citado Solsona.
El expolicÃa ha sido denunciado con anterioridad por otros querellantes, en España y ante el Tribunal número 1 de Buenos Aires, en la conocida como Querella Argentina.
La titular de ese tribunal, la jueza Maria Servini de CubrÃa, emitió en 2014 una orden internacional de detención contra Solsona y otras dieciocho personas imputadas en esa causa por delitos de genocidio y/o de lesa humanidad cometidos durante el franquismo.
Estas querellas, como las presentadas en los juzgados de Valencia y Paterna, asà como en Madrid contra "Billy el Niño", en Asturias contra el expolicÃa Pascual Honrado y en el PaÃs Vasco contra el capitán Jesús Muñecas, se enmarcan en las iniciativas que lleva a cabo CEAQUA y su organización en la Comunitat Valenciana.