Carlos Gil durante su intervención en el congreso. -EPDAEl Grupo Parlamentario Popular ha defendido este lunes en el Pleno del Congreso la urgencia en reformar la actual Ley de Costas, que en su estado actual, según denuncian, "atenta contra pequeños negocios y propietarios de núcleos costeros tradicionales". Durante el debate, el diputado valenciano Carlos Gil ha arremetido contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por mantener bloqueada la iniciativa legislativa proveniente del grupo de PP en el Senado para reformarla, que acumula ya 47 prórrogas.
Gil ha criticado que la aplicación actual de la Ley de Costas provoca "innumerables situaciones" en las que ciudadanos con viviendas humildes o negocios familiares en la costa "viven bajo la amenaza permanente de ser desalojados o de ver sus propiedades derribadas". A su juicio, se trata de una normativa que "no distingue entre lo accesorio y lo esencial", tratándose con el mismo rigor legal construcciones ilegales recientes que núcleos urbanos centenarios.
El diputado popular ha reclamado modificaciones legislativas que aporten seguridad jurídica a los núcleos históricos del litoral español, señalando que "no todo lo construido junto al mar es igual, ni todo lo que está cerca del mar es ilegal". "Hay lugares que representan un valor que no podemos perder", ha subrayado.
Asimismo, ha defendido la necesidad de armonizar la protección del dominio público marítimo-terrestre, recogida en el artículo 132.2 de la Constitución, con la realidad de muchas edificaciones costeras que ya están plenamente integradas en el paisaje cultural y urbano.
En su intervención, Gil ha propuesto también el reconocimiento de instalaciones de interés local, como los clubes náuticos, que "forman parte de la identidad del litoral y contribuyen al desarrollo económico y social de muchas ciudades", pero que también se ven amenazados por una "aplicación rígida" de la normativa vigente.
El diputado del PP ha acusado a Armengol de causar "efectos irreversibles" sobre los afectados por la ley actual, al mantener congelada en la Cámara Baja la tramitación de la ley de protección del litoral aprobada en el Senado. "¿Van a restituir el daño causado a los propietarios de viviendas que ya han sido derribadas?", se ha preguntado, y ha criticado casos como el de restaurantes obligados a cerrar "en pleno servicio" por órdenes de cortarles luz y agua.
