Shandy vive con sus dos hijas y su sobrina en Valencia. A pesar de trabajar a jornada completa, su sueldo no les permite llegar a fin de mes.A escasos días de las celebraciones navideñas Save the Children quiere poner el foco en la complicada situación que afrontan los niños y las niñas en situación de pobreza a las que la entidad atiende en la Comunitat Valenciana. Tras consultar a 288 familias, la organización ha podido constatar que casi la mitad de las familias a las que atiende sobrevive con menos de 1000 euros al mes, y que, a pesar de que el 42% tiene empleo, estos hogares no consiguen salir de la pobreza. En su caso, es un esfuerzo que no obtiene recompensa.
Save the Children recoge estos datos en su informe Ser pobre en España. El retrato de 1.000 familias, presentado hoy, y que es la continuación del lanzado hace un año por la organización. En total, el actual estudio recoge datos de 2.440 niños y niñas de las seis comunidades autónomas done la organización tiene programas destinados a la reducción de la pobreza: Andalucía, Castilla-La Mancha, Catalunya, Comunidad de Madrid y Euskadi, además de en la Comunitat Valenciana.
Algo más de la mitad de los padres, concretamente el 55%, tienen estudios secundarios, aunque uno de cada tres no cuenta con estudios primarios como máximo. Un 13% tienen estudios universitarios.
"La baja formación académica de los padres suele ser un factor que acompaña a los niños y niñas que viven en familias en situación de pobreza. La Educación debería ser esa palanca de cambio para activar el ascensor social, pero desde hace años comprobamos que no funciona como debería. Sin políticas públicas que apuesten decididamente por acabar con las barreras que impiden romper el círculo de la pobreza, seguiremos condenando a niños y niñas a esta situación", asegura Rodrigo Hernánez, director general de Save the Children.
Según el actual estudio, el 'retrato' de una familia tipo es de una en la que, de media, hay dos menores de edad y mayoritariamente se encuentran al cuidado de su padre y su madre, aunque tres de cada diez son familias monomarentales y el 13% viven en familia extensa.
La mitad de estos niños y niñas no pueden comer la suficiente cantidad de proteína, fruta o verdura cada día, y el 65% viven en familias que declaran que todos sus miembros han disminuido el consumo de determinados productos debido a su encarecimiento.
Son niños y niñas que no pueden acceder a actividades extraescolares, lo que les pone en una situación de desventaja frente a quienes sí pueden y, además, les obliga a elegir alternativas de ocio mucho menos saludables. En concreto, sólo el 38% de los mismos asiste a este tipo de actividades. Asimismo, son niños y niñas que viven en casas con una temperatura inadecuada (frío en invierno, calor en verano) y malas condiciones de salubridad (goteras, humedades).
Además, el 35% de los niños y niñas que la organización atiende en sus programas ha necesitado acudir a servicios de atención en salud mental en el último año, con el gasto extra que eso supone.
El gasto medio en alimentación de las familias participantes de los programas de Save the Children en la Comunitat Valenciana asciende a 421 euros mensuales. Esto supone, de media el 42% de sus ingresos invertido en lo que llamamos "esfuerzo alimentario". Por ello, las familias no pueden hacer frente a todos los costes que implica una crianza digna con sus ingresos y su situación ya que, según cálculos de la organización, el coste de crianza en la Comunitat Valenciana en 2022 por cada hijo o hija ya ascendía de media a 710 euros al mes.
"Como sociedad no se puede tolerar que los derechos de los niños y niñas estén sujetos al nivel de estudios, empleo o ingresos de los padres y madres. Todos los niños y niñas tienen derecho a una educación, salud, alimentación y bienestar adecuados, independientemente de la familia en la que nazcan", explica Hernández.
Esta no es una conclusión a la que haya llegado únicamente Save the Children. En el año 2021 el Consejo de la Unión Europea adoptó formalmente la Recomendación por la que se establece una Garantía Infantil Europea (GIE). En ella se insta a los Estados Miembro a asegurar que los niños, niñas y adolescentes más vulnerables pueden acceder de forma gratuita –o al menos, asequible- a los servicios clave para su desarrollo y bienestar.
Save the Children insta a las instituciones a que, en cumplimiento de la garantía, desarrollen las siguientes políticas clave:
- Seguir incrementando las plazas para garantizar un acceso universal progresivo a educación infantil de 0 a 3 años de calidad, con metodologías didácticas de aprendizaje adaptadas, y con criterios de acceso que prioricen renta y vulnerabilidad.
- Diversificar y flexibilizar los horarios de apertura, las opciones de elección de horarios y las modalidades de atención ofertadas en las escuelas infantiles, incluyendo horarios no estándar y grupos de crianza con participación de progenitores, asegurando así una mejor atención a la crianza de todos los niños y niñas.
- Asegurar una oferta de actividades complementarias (visitas, excursiones, viajes) y extraescolares en todos los centros educativos, especialmente en aquellos que escolarizan alumnado desfavorecido. Esta oferta debe ser independiente de las iniciativas del AMPA.
- Establecer programas de subvenciones y becas para garantizar el acceso gratuito a las actividades extraescolares de ocio educativo para los estudiantes de bajos ingresos.
- Establecer el umbral de pobreza como nivel de renta mínimo que da derecho a ayudas (o bonificaciones) de comedor escolar gratuito, modificando la normativa autonómica. Ampliar las ayudas al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.
- Regular una concesión directa y partidas presupuestarias ampliables de formar que las ayudas alcancen a todos los niños y niñas que cumplan los requisitos en la Comunitat Valenciana, como derecho subjetivo.
- Aplicar al comedor escolar sistemas no estigmatizantes de tarificación social con las mínimas barreras burocráticas, de concesión automática y vinculados al nivel de renta familiar. Comprobaciones de Servicios Sociales o la condición de beneficiario de la Renta Valenciana de Inclusión (u otras prestaciones) deben ser una vía más para la conceder automáticamente el acceso, pero no condición necesaria.
- Reforzar el sistema de atención primaria y salud mental infanto-juvenil desde una lógica integrada que incida tanto en el ámbito preventivo como reparador y siga apostando por la formación y el incremento de los profesionales sanitarios especializados, así como por la correcta dotación de las infraestructuras del sistema.
- Modificar la ley valenciana de Salud para garantizar la salud bucodental de todos los niños, niñas y adolescentes de la Comunitat Valenciana, impulsando la implantación progresiva de la cartera pública de los servicios de atención bucodental. Se deberían incluir, como mínimo, procedimientos preventivos, sellado de fisuras, tratamiento de caries y traumatismos, extracción de piezas dentales y atención de urgencias dentales, además de cualquier tratamiento en dientes de leche.
- Promover la creación de equipos multidisciplinares para la lucha contra la obesidad infantil, que atiendan directamente a niños y niñas y detecten de manera temprana problemáticas relacionadas con el sobrepeso, y acompañen a su vez a las familias dotándolas de una educación alimentaria.
- Aplicar una fiscalidad más estricta a alimentos perjudiciales para la salud (ultraprocesados o ricos en grasas y azúcares) y una más beneficiosa (bonificaciones en la compra) a la alimentación saludable. Esta medida, además de reforzarse para que sea más eficaz, deberá contener medidas de compensación para las familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
- Promover entornos y modos de vida saludables, con especial énfasis en la prevención del sedentarismo y el pantallismo.
- El acceso a prestaciones sociales y garantías de ingresos es una vía para que los ingresos de las familias no dependan exclusivamente de la situación de empleabilidad de los progenitores. Pero para que sean realmente eficaces, deben ponerse en marcha medidas que reduzcan el non take-up, es decir para que no queden sin atender familias que cumplen con los requisitos.
- Garantizar el acompañamiento de las familias, así como una simplificación de los procedimientos, y su automatización en los casos en los que sea posible, son elementos esenciales para que las medidas logren alcanzar a los niños y niñas que más lo necesitan.
- Ampliar el parque de vivienda social como forma de hacer frente a las crisis habitacionales derivadas de desahucios, impagos u otras situaciones de vulnerabilidad económica y exclusión social. Combinar estrategias como ampliar la oferta pública de vivienda (tanto la construcción de nuevas unidades como la compra y rehabilitación de unidades existentes); ejercitar el derecho de tanteo y retracto; así como explorar opciones de colaboración público-privada. Esta ampliación debe ir acompañada de plazos más estrictos de descalificación, para evitar la especulación con este tipo de viviendas.
