El Ayuntamiento de Vinalesa ha aprobado por mayoría absoluta, con los votos a favor del PSPV-PSOE y BLOC COMPROMÍS y la abstención del PPCV, una proposición de alcaldía que respalda el escrito de las organizaciones sindicales con representación en la Mesa de Negociación de la Administración del Consell (UGT, CCOO, CSIF i Intersindical Valenciana) sobre la situación generada a raíz de la aprobación y publicación del Decreto Ley de Medidas Urgentes para la reducción del déficit en la Comunitat Valenciana.
La moción, donde se solicita la retirada del mencionado decreto, explica que en caso de aplicarse el conjunto de medidas, serán los ciudadanos quienes sufran las consecuencias, con la disminución de los horarios de atención de las diferentes áreas de la administración pública y el empeoramiento de la calidad de los servicios que se ofrecen.
El documento señala que el recorte del 25% de los refuerzos en personal de los juzgados actuales prolongará la demora de las resoluciones judiciales, sin hablar de la falta de inversión en medios técnicos y locales que permitan un trabajo más ágil y productivo. Respecto a los recortes en la jornada de trabajo al personal interino y temporal, además del perjuicio directo a las personas afectadas, comportará la disminución del horario y la calidad de la atención a la ciudadanía usuaria de los servicios públicos. En materia educativa, las medidas aprobadas provocan la erosión de la enseñanza pública en múltiples aspectos, con el recorte del profesorado, de las líneas y programas educativos, con la falta de inversión en los centros y los retrasos y disminuciones en el pago de los gastos comunes. La sanidad pública no queda mejor parada, ya que se pretende reducir personal y no realizar sustituciones en las plantillas de trabajadores. Además se reducen los recursos dedicados a la atención de urgencias y emergencias sanitarias, lo que hará que se aumente el tiempo de espera para que los pacientes sean atendidos.
La moción concluye que en caso de aplicarse el Decreto Ley, con la reducción de los servicios públicos ya de por si escasos en nuestro ámbito, dejarán muy tocada a la ciudadanía valenciana, que será quien paguen la factura resultante de la negligente gestión de los recursos públicos.
