Presidentes autonómicos con el Rey en SalamancaEl presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha propuesto, durante su intervención en la XXIV Conferencia de Presidentes y Presidentas, la adopción de una estrategia conjunta entre el Estado y las comunidades autónomas para hacer frente a la COVID-19 persistente, asà como el impulso de planes estatales para abordar los efectos de la pandemia en la salud mental infantil y juvenil y en las personas que viven solas.
El presidente ha participado en la cumbre autonómica, celebrada en el Convento de San Esteban de Salamanca con la presencia de Su Majestad el Rey Felipe VI y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde ha centrado su intervención en la defensa de propuestas sanitarias y sociales para hacer frente a los efectos de la pandemia en la población, para profundizar en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en la Estrategia 2030 frente al Reto Demográfico y para atender mecanismos de compensación a las comunidades que más turistas reciben.
Allà ha reivindicado la necesidad "inaplazable" de una nueva financiación autonómica, una fiscalidad justa, una distribución de los recursos hÃdricos para garantizar "agua para siempre" para todos los territorios, asà como una descentralización de las instituciones del Estado coherente con "la España policéntrica y polifónica".
El presidente ha subrayado que atender estas reivindicaciones de la Comunitat Valenciana es el camino para "propiciar la igualdad de oportunidades" y también para que funcione el "ascensor territorial". Asà lo ha expresado en un marco en el que también ha defendido necesidad de este foro de presidentes y presidentas autonómicos.
Medidas contra los efectos de la pandemia en la población
Ximo Puig ha pedido una estrategia compartida entre el Gobierno de España y las comunidades para hacer frente a los efectos a largo plazo de la COVID-19 persistente, de forma que se cuantifique el impacto de este problema de salud pública y se adopten medidas de seguimiento e intervención asistencial.
También se ha pronunciado sobre la necesidad de desplegar un plan estatal sobre la salud mental de niños, niñas, adolescentes y jóvenes ante la evidencia de que la pandemia está incrementando el riesgo de autolesiones y conductas suicidas, asà como de secuelas a largo plazo en este sector de población.
Para ello, ha solicitado una estrategia compartida entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas para la salud mental de las personas más jóvenes y vulnerables con el objetivo de mejorar el bienestar emocional de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Puig considera también importante compartir entre el Estado y las autonomÃas una Estrategia de Acompañamiento a la Soledad, una actuación vinculada también con el reto del envejecimiento y estrechamente relacionada con los efectos de la pandemia.
Con casi 5 millones de hogares españoles unipersonales, la soledad es especialmente dolorosa en personas mayores. De hecho, más de 2,1 millones de personas mayores de 65 años viven solas, y esta "epidemia silenciosa" incide particularmente en las mujeres.
Para el presidente, resulta además fundamental impulsar PERTE autonómicos que den capacidad a las comunidades autónomas para singularizar el apoyo a sus sectores industriales a partir de los fondos europeos, de forma que se dé cabida a actividades económicas estratégicas de carácter regional (en el caso de la Comunitat Valenciana, por ejemplo, la cerámica o el juguete) y a proyectos también estratégicos multidisciplinares.
El presidene también ha solicitado más ayudas de Estado a proyectos de empresas y ha lanzado en este sentido la propuesta de flexibilizar la normativa europea. La finalidad es que permita no solo dar más cantidad de proyectos apoyados a las empresas, sino también más intensidad en el volumen de ayudas por empresa.
A situaciones excepcionales, normas excepcionales es la filosofÃa de esta reivindicación, con la que la Comunitat Valenciana pide que no se queden proyectos importantes sin poder desplegar por el establecimiento de limitaciones burocráticas a las ayudas públicas a proyectos de empresas.
Además, dentro del Plan de Recuperación, el máximo responsable de la Generalitat propone un Plan Integral para la Juventud, un actuación que debe constituir una "prioridad" para que las personas jóvenes tengan las oportunidades necesarias para no quedar atrapadas entre dos crisis, todo ello en la lÃnea del Plan Ariadna impulsado en la Comunitat Valenciana y que cuenta con una inversión de 1.800 millones de euros hasta 2027, con medidas en empleo, vivienda, movilidad, salud, educación, cultura, deporte y participación.
Por otro lado, sobre el reto demográfico, otra de las grandes áreas sobre las que ha girado la cumbre autonómica, el president ha propuesto crear un Fondo estatal contra la Despoblación. Se trata, como ha enfatizado el president, de "una cuestión de Estado", que en la Comunitat Valenciana está siendo abordada a través de la Estrategia AVANT 20/30.
Puig ha realizado una propuesta para España y ha propuesto inspirarse en el modelo escocés, que ha logrado darle la vuelta al "invierno demográfico" en sus Tierras Altas y lo ha hecho con una Agencia de Desarrollo Territorial, activa desde 1965, que está financiada con fondos públicos, pero que goza de autonomÃa y que trasciende legislaturas y vaivenes polÃticos.
Por otro lado, el president ha reclamado la activación del Fondo de GarantÃa Asistencial (FOGA) para compensar a las comunidades más turÃsticas que prestan más servicio, y no cobran por ellos. La Generalitat considera este mecanismo necesario para garantizar el principio de igualdad.
La Comunitat Valenciana tiene un 29 % de población vinculada no residente. (la media de España está en un 25 %) y es la cuarta con un mayor número de población vinculada no residente en valores absolutos (1,66 millones). Se trata de personas que no están en el padrón, pero que residen, trabajan, estudian o pasan periodos vacacionales durante el año.
Hay que tener en cuenta en este sentido la población flotante turÃstica, ya que se produce un incremento de población durante todos los meses del año que se sitúa en una media del 2,1 %, con más intensidad de mayo a octubre, hasta llegar al 3,8 %. Se trata de población que necesita y recibe servicios, pero que resulta "invisible" en términos de financiación.
