Zaplana y sus testaferros cobraron mordidas por 10,5 millones, según la UCO

El expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana y al menos dos de sus supuestos testaferros cobraron mordidas por adjudicaciones públicas que pudieron alcanzar los 10,5 millones de euros, según concluyen los investigadores del caso Erial, a cuyo sumario ha tenido acceso EFE, después de que se levantara parcialmente el secreto que recaía sobre él.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa al expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana como supuesto jefe y administrador oculto de la red corrupta que "se valió en su día del cargo que ostentaba haciendo partícipes al resto de los investigados, pues los necesitaba para que desempeñaran determinados papeles".

Asimismo, los investigadores creen que Zaplana es actualmente beneficiario de bienes y fondos que tienen su origen en los pagos que varias mercantiles del grupo Sedesa, entre otras, realizaron a empresas radicadas en Luxemburgo tras ser beneficiarias de las adjudicaciones con ocasión de la concesión de la explotación administrativa de uno de los lotes de la ITV y de los parques eólicos de la Comunitat Valenciana.

Según consta en el citado sumario, las adjudicaciones amañadas pudieron reportar a esta organización corrupta un monto total de 10.521.351,3 euros
Parte de estos sobornos fueron a parar a dos sociedades de Luxemburgo (Imison Internacional y Fenix Investments) en una operación accionarial realizada por los sobrinos del ex director general de la Policía, exvicepresidente del Gobierno valenciano y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino (Vicente y José Cotino), que transfirieron 6,4 y 2,18 millones de euros.

Estos pagos fueron efectuados, siempre según el relato de los investigadores, durante los años 2005 y 2006 por el grupo de los Cotino (Sedesa) utilizando parte de los beneficios obtenidos en la sociedad concesionaria de las ITV.

La sociedad Imision Internacional es una firma radicada en Luxemburgo y controlada por Beatriz García Paesa, aunque fue participada posteriormente por Joaquín Barceló, supuesto testaferro de Zaplana (según detalla el fiscal en varios de sus escritos), mientras que Fénix Investments es una sociedad igualmente ubicada en Luxemburgo pero propiedad de Juan Francisco Garcia, ex jefe de gabinete de Eduardo Zaplana en la Generalitat y presidente de la mesa de contratación en la que se resolvió la adjudicación de las ITV.

Tanto Imision como Fénix se constituyeron en Luxemburgo el mismo día (el 16 de mayo de 2001) con idénticos administradores fiduciarios.
Finalmente, el grupo Sedesa abonó cerca de 8,5 millones de euros a las citadas firmas en el extranjero en concepto, supuestamente, de comisiones y sobornos.
En contraprestación, el grupo de los Cotino obtuvo por la actividad empresarial derivada de las supuestos sobornos, unos beneficios de 86,6 millones de euros, según Anticorrupción, con lo que las "mordidas" pudieron suponer el 10 % del negocio total.
En la investigación se ha concluido que Imision no ha retornado todos sus fondos a España, ya que de 6,4 millones de euros únicamente se ha acreditado el retorno a España de 2,9, a través de una entramado de sociedades (Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Intergales y Turnis Sylvatica).
En el caso de Fénix, propiedad de Juan Francisco García, en el sumario se detalla que fue liquidada en 2012 y que sus participaciones, valoradas en 2,3 millones de euros, retornaron a España al acogerse su propietario a la amnistía fiscal promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy.
De los movimientos bancarios intervenidos, en combinación con las vigilancias y escuchas practicadas, lo investigadores infieren que Zaplana fue propietario encubierto de un piso en el número 108 de la calle Núñez de Balboa de Madrid, recientemente vendido a través de la sociedad Costera del Glorio.
Al frente de esta sociedad, la Guardia Civil sitúa a Joaquín Barceló, amigo y compañero de estudios de Zaplana, que además ocupó los cargos de director general de la Conselleria de Turismo, responsable de formación en la Agencia Valenciana de Turismo y desde 2003 miembro del consejo de administración de Terra Mítica.
Barceló, a través de la firma radicada en Luxemburgo (Imison) fue beneficiario, supuestamente, de 6,4 millones de euros en concepto de contraprestación por el amaño de las adjudicaciones para la gestión de las ITV de la Comunitat Valenciana.
Los investigadores creen que Zaplana ha ido recibiendo estos últimos años "fondos procedentes de las presuntas comisiones ilegales" -que abonaron las empresas adjudicatarias a través de pagos en el extranjero- bien a través de entregas dinerarias, la última de 50.000 euros, bien a través de facturación falsa, compra de terrenos o en "especie", es decir, con pisos, coches o un yate que habría disfrutado el exministro.
La sociedad luxemburguesa Imison participó de otra de las sociedades de Barceló (MedLevante) hasta 2014, cuando esa participación se dividió en dos empresas uruguayas (Misnely y Disfey).
Por este motivo, y por el contenido de conversaciones intervenidas, creen los investigadores que todavía quedan fondos por repatriar a España (unos 3,5 millones) y que podrían estar ocultos en Uruguay o Andorra.