Eduardo del Pozo Las desaladoras y su puesta en explotación han dejado a la intemperie económica a los municipios valencianos de Cabanes, Oropesa, Benicasim, Moncófar, Chilches y Sagunto.
La nefasta política del Gobierno de Rodríguez Zapatero construyendo desaladoras en nuestra comunidad, a expensas de un futuro incierto e irreal, amparado en un boom inmobiliario, una burbuja de megaproyectos imposibles que ratificaron tanto Ayuntamientos del PP como del PSOE en dichas localidades, ha sido un fiasco que ha dejado a estos municipios con unas desaladoras infrautilizadas. Por ejemplo, la desaladora de Moncófar está funcionando al 0,09% de su capacidad, increíble. Y, por otro lado, estos municipios tienen que soportar unos costes innecesarios e inasumibles para las arcas municipales, que los alcaldes actuales de estos municipios por medio de declaraciones en los medios de comunicación han hecho llegar a la opinión pública en busca de soluciones.
No olvidemos que las desaladoras se construyeron con subvenciones europeas, con fondos FEDER, en concreto la desaladora de Oropesa-Cabanes recibió 17,2 millones de euros, la de Moncófar 17,9 millones de euros, y aún les queda por resolver como se financiaran los 34,8 millones de la primera, los 36,5 millones de la segunda, y los 43,5 de la de Sagunto, todas a pagar en 25 años. También y ya metidos en números, decir que el coste estimado de las desaladoras de la provincia de Castellón es de 116 millones de euros, y señalar que el Gobierno ha asumido el coste de las mismas en Cataluña y en otras Comunidades Autónomas, un motivo más para reivindicar igualdad de trato y que no se produzca discriminación hacia a los valencianos.
La realidad es que no podemos seguir con políticas de patada adelante, ni con un problema enquistado que es una losa económica que asfixia el futuro inmediato de estos municipios de Castellón y Valencia, por eso hay que buscar una solución definitiva al problema, y dar en lo posible viabilidad a las desaladoras.
Ante estas circunstancias, desde Ciudadanos presentamos una PNL en Les Corts que, con satisfacción, tenemos que decir fue aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios y en la que se insta al Gobierno a que por parte del Estado se asuman los costes de construcción de las desaladoras no subvencionados con los fondos FEDER europeos, en su integridad, así como los gastos de mantenimiento de las instalaciones, la producción del agua desalada y el coste de futuras canalizaciones a otras localidades si las hubiera. Solicitamos que se exima a los Ayuntamientos afectados del pago de la tarifa de amortización que contienen los convenios suscritos con ACUAMED S.A. que no deben considerarse válidos, porque aunque las desaladoras tengan un funcionamiento bajo mínimos, sus condicionantes son inasumibles, ya que tienen que hacerse cargo de un caudal de agua desalada que no se corresponde con las necesidades reales, y es que se produce más agua desalada de la que se necesita, y además a un coste elevado.
El agua es vida, es un bien escaso y necesario, las desaladoras, un fiasco que hay que resolver. Ahora el Gobierno, a instancia de la PNL presentada por Ciudadanos y apoyada por todos los grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes, debe de realizar todos los estudios y análisis que sean necesarios para conjugar usos alternativos para las desaladoras que garanticen costes asumibles, su funcionamiento y rentabilidad, así como levantar la pesada losa económica que ha dejado a la intemperie a Cabanes, Oropesa, Benicasim, Moncófar, Chilches y Sagunto.
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