El presidente de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunitat Valenciana y del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de la Comunitat, Luis Vañó. EFE/Manuel Bruque/Archivo El presidente de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunitat Valenciana, Luis Vañó, asegura que la pandemia de la COVID-19 no solo supone una situación de emergencia sanitaria sino también económica y social que afecta profundamente a las personas en situación de vulnerabilidad y a las organizaciones "que se dedican a proteger sus derechos".
Por ello, ha solicitado la creación inmediata de un grupo de trabajo conjunto con la Generalitat para coordinar de manera efectiva la hoja de ruta para abordar el impacto social de la pandemia del coronavirus en las personas en riesgo de pobreza y/o exclusión.
“Es una crisis de vulnerabilidad”, señala en una entrevista con la Agencia EFE el también presidente de CERMI Comunitat Valenciana, para quien a consecuencia de la pandemia se están viendo perjudicadas las organizaciones que se dedican proteger los derechos de las personas más vulnerables.
Aunque considera fundamental que en estas crisis se priorice la atención sanitaria, con el objetivo de evitar más contagios y que no haya un colapso en las UCI, cree que la Administración “no tiene que olvidar en ningún momento” el “fuerte componente social” de la misma y lo que se "va a desencadenar en la postpandemia”.
A su juicio, deben establecerse ya medidas extraordinarias de carácter económico y financiero y la Administración “debe asegurar que no habrá recortes en las partidas destinadas a servicios sociales. Para nosotros eso es fundamental”.
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Según Vañó, la pandemia “nos ha pillado a todos un poco en mantillas con la falta de material sanitario de protección” contra la COVID-19 y aunque se han cerrado servicios de atención temprana y centros de día, se han mantenido como elementos esenciales las residencias, las viviendas tuteladas y los servicios de asistencia domiciliaria donde, afirma, “hemos tenido y tenemos un gravísimo problema en el abastecimiento de material”.
Ante esta carencia de material de protección, desde el Cermi estatal se ha contactado con un distribuidor al que le han comprado material para repartir entre las entidades del sector en las distintas autonomías.
“Nos hemos movido por la necesidad imperiosa que hay de evitar contagios, nos hemos buscado la vida para poder hacernos con ese material y que las entidades tengan la máxima protección, especialmente en servicios como el de asistencia domiciliaria”, explica.
A su juicio, no ha habido una coordinación "al cien por cien" entre las consellerias de Sanidad e Igualdad a la hora de repartir el material y cree que debería haber una “mayor interrelación”, aunque reconoce que todo esto “nos ha pillado sin protocolos muy bien establecidos".
También denuncia que en un momento en el que la pandemia está generando muchísima información, las web oficiales son “totalmente inaccesibles” para las personas con discapacidad y es necesario garantizar el acceso total a esos contenidos.
Una de las web que no es “cien por cien” accesible es la de la Conselleria de Sanidad, según Vañó, que indica que aunque estaba previsto iniciar un proceso de accesibilidad tecnológica a través del Cermi, también ha quedado parado por la pandemia.
“Si la comunicación no es universalmente accesible, los mensajes de salud pública no están llegando a toda la ciudadanía en una situación de emergencia nacional, con lo cual se perjudica a las personas con discapacidad”, asegura para recordar que aunque desde diciembre de 2017 todos los bienes y servicios deberían ser accesibles por ley, “eso ha sido una verdadera utopía”.
Vañó ha solicitado la conformación de un grupo operativo entre la Generalitat y la Plataforma del tercer sector que se reúna una vez a la semana y permita identificar las necesidades de los colectivos más vulnerables ante la actual situación de crisis sociosanitaria y realizar propuestas de acción para dar soluciones.
Recuerda que la Comunitat estaba a punto de conformar una mesa de diálogo civil –entre Generalitat y el tercer sector- similar a la mesa de diálogo social que existe entre Consell, patronal y sindicatos, pero la crisis actual no lo ha permitido y confía en que cuando se vuelva a normalidad se retome el tema.
También destaca que esta semana se ha iniciado la campaña de la renta y hay “un millón de razones para marcar la X solidaria, especialmente este año que atravesamos esta crisis sanitaria, que está afectando claramente a las personas más vulnerables”.
Según Vañó, la Plataforma del Tercer Sector de la Comunitat ha solicitado a la Generalitat que cree partidas presupuestarias específicas para atender la inversión social necesaria en el contexto de la COVID-19 y la postemergencia.
También reclama que pueda modificarse la justificación de los programas de IRPF que están ejecutando en este momento las entidades sociales de la Comunitat dados los cambios programáticos y/o gastos extraordinarios ocasionados por la pandemia.
La Plataforma del Tercer Sector, que engloba a entidades como el Cermi, Cruz Roja, ONCE, Caritas o el voluntariado, entre otras, representa a más de dos millones y medio de personas con vulnerabilidad de la Comunitat Valenciana.
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