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Volvemos a oír hablar de la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómico. Sucede a menudo. Es cierto, mucho más cuando gobernaba el Partido Popular, pero, también recurrentemente, cuando el Gobierno del PSOE puede alegar interinidad para afrontar un asunto de semejante calado.
A Ximo Puig, esta semana, le ha dado plantón la ministra Montero. Que nadie se lo tome como una oportunidad perdida. Hubiese vuelto con las manos tan vacías como al irse, así que, al menos, nos hemos ahorrado un viaje a Madrid. Eso sí, el Molt Honorable no ha levantado la voz, al contrario de lo que hubiese hecho si hubiese sido el anterior ministro, Montoro, quien hubiese cancelado a última hora la reunión. A Puig se le esfumó ese carácter reivindicativo el mismo día que a Mónica Oltra le cerraron su boutique de camisetas.
En España, pese a que nuestra Constitución reconoce la administración multinivel, solo se habla de Comunidades Autónomas. No voy a reiterar mi opinión sobre este tema, porque no dispongo de espacio suficiente en este artículo, pero el modelo Zapatero (que a muchos se les olvida quién es el autor del disparatado modelo de financiación) no ha hecho más que causar problemas y desigualdades entre territorios.
Pero nadie se acuerda del sistema de financiación de los municipios y de su necesaria modernización. Desde la entrada en vigor, en 2012, de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, quienes han corregido sus cuentas con mayor efectividad han sido, sin duda, los Ayuntamientos. Mientras la Administración Central y las Comunidades Autónomas no han hecho más que mantener, en el mejor de los casos, su déficit y aumentar su deuda, las Entidades Locales han saneado sus cuentas de una forma realmente llamativa. Curiosamente, el ámbito subjetivo de la Ley incluía a todas las Administraciones españolas. Su aplicación, salta a la vista, no.
El problema es el de siempre: quien es capaz de gestionar bien los recursos de que dispone, no es merecedor de que se le tenga en cuenta para modernizar su sistema de financiación. Y no es así. Los Ayuntamientos son la Administración más cercana al ciudadano, la que vive y da soporte al día a día de nuestros pueblos y ciudades. Y, como responsables de ese papel y como Administraciones que han demostrado, en tiempos muy difíciles, su mayoría de edad, son merecedores de que se escuche la reivindicación de un sistema de financiación justo y ajustado a la realidad a que hacen frente.
En una semana, se constituyen los órganos de gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias para esta legislatura. Para entonces, ya sabremos si tenemos nuevo Gobierno o vamos a un nuevo proceso electoral, pero, sea como sea, confío en que alguien levante la voz en defensa del papel fundamental que los Ayuntamientos desempeñan.
Al fin y al cabo, son el eslabón central en la estabilidad territorial y socioeconómica de España y ya va siendo hora de que, quien corresponda, se acuerde de ellos.