Agentes de
la Policía Nacional han detenido a 313 personas e imputado a otras 328,
principalmente en las provincias de Barcelona y Girona, por fraudes a la
administración pública que superan los 7’7 millones de euros. Mediante la
creación de un total de 29 empresas ficticias en la provincia de Barcelona,
habrían logrado producir 1.544 altas en la Seguridad Social de forma
fraudulenta con el fin de cobrar prestaciones y subsidios por desempleo o la
obtención y renovación de permisos de residencia.
Las tres
investigaciones ahora finalizadas comenzaron hace varios meses al ser
detectadas las empresas que podrían estar cometiendo fraudes a la Seguridad
Social y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), tanto por agentes de la
Policía Nacional como por inspectores de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
Dos indigentes como testaferros
La primera
de ellas se inició por la UCRIF de Girona al detectarse un total de doce
empresas ficticias, con domicilio social en la ciudad de Barcelona, que se
estarían dedicando a dar de alta a trabajadores extranjeros para que, de forma
fraudulenta hasta un total de 744, pudieran cobrar prestaciones o subsidios por
desempleo u obtener permisos de residencia. Dos varones indigentes de
nacionalidad marroquí constaban como administradores de cinco empresas uno, y
siete empresas el otro. En esta operación se han detenido a 105 personas e
imputado a otras 144, en su inmensa mayoría marroquíes, en las provincias de
Barcelona, Girona, Castellón, Madrid, Cáceres y Alicante. El fraude ocasionado a
la Seguridad Social, por impago de cuotas, y al Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE) por prestaciones y subsidios obtenidos ilícitamente asciende a
3’8 millones de euros.
Connivencia de una gestoría
La segunda
de las investigaciones se desarrolla en Barcelona a raíz de una denuncia
presentada por un ciudadano quien afirmaba que tres varones pakistaníes habrían
creado una empresa ficticia usurpando su nombre y falsificando su firma.
Comprobada la denuncia, se constata la existencia de un total de seis empresas
con idéntica estructura y administradores, coordinadas y asesoradas por una
gestoría de la ciudad condal. La razón de existir de las mencionadas empresas
era simular contratos de trabajo y posteriores despidos a ciudadanos
extranjeros que precisaran regularizar su situación administrativa en España o
adquirir los derechos requeridos para poder percibir prestaciones o subsidios
por desempleo. Se han detenido a 53 personas e imputado a otras 44, en su mayoría pakistaníes, en las provincias de Barcelona,
Lleida, Valencia y Getafe (Madrid). El fraude ocasionado con la Seguridad
Social, por impago de cuotas, y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
por prestaciones y subsidios obtenidos ilícitamente asciende a un millón de
euros.
La tercera
de las operaciones se inicia en el mes de junio de 2013 cuando se reciben
informaciones referentes a la existencia de una empresa ficticia, dedicada a la
construcción, en Mataró (Barcelona). Las investigaciones permitieron detectar
otras once empresas que tenían en
común a
sus administradores de origen marroquí y el domicilio social. Entre todas ellas
se comprobó el trasvase de trabajadores, dándoles de baja en unas y, acto
seguido, alta en otra mediante contratos falsos de trabajo que permitirían a
los interesados solicitar o renovar sus permisos de residencia y acumular los
periodos mínimos exigidos por la ley para cobrar prestaciones o subsidios por
desempleo.
La trama
estaba integrada por su máximo responsable, un ciudadano español de origen
marroquí, intermediario y captador, con el asesoramiento profesional de una
gestoría de Mataró. Se han detenido a 155 personas e imputado a otras 74, en
su mayoría marroquíes, en la provincia
de Barcelona. El fraude ocasionado con la Seguridad Social, por impago de cuotas,
y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por prestaciones y subsidios
obtenidos ilícitamente asciende a los tres millones de euros.
A los
detenidos se les imputan presuntos delitos contra la Hacienda Pública y la
Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental
y estafa.
Convenio para luchar contra el fraude al erario público
El
incremento de este tipo de fraude contra la Seguridad Social y el Servicio
Público de Empleo Estatal, propició la firma del “Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior,
sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el empleo
irregular y el fraude a la Seguridad Social” el día 30 de abril de 2013.
Las
investigaciones han sido desarrolladas por el Grupo 7º de la UCRIF de
Barcelona, UCRIF de la Comisaría Provincial de Girona, UCRIF Central C.G.
Extranjería y Fronteras, G.O.E. Comisaría Local de Mataró (Barcelona), UCRIF de
la Comisaría Provincial de Lleida, UCRIF de la J.S.P. Valencia, UCRIF de la
Comisaría Provincial de Castellón, UCRIF de la Comisaría Provincial de
Alicante, UCRIF de la Comisaría Provincial de Cáceres, Brigada Local de
Extranjería y Fronteras de Getafe (Madrid), Observatorio del Fraude de la
Tesorería General de la Seguridad Social (Dirección Provincial de Barcelona) y
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Comparte la noticia
Categorías de la noticia