A juicio tres exalcaldes de Requena y Enguera por adjudicaciones ilícitas al exsuegro del 'yonqui del dinero'

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia tiene previsto juzgar este jueves a cinco personas, entre ellas Mariano López, exsuegro del que fue gerente de Imelsa y autodenominado 'yonqui' del dinero, Marcos Benavent, un funcionario de la Diputación, un exalcalde de Requena del PP y dos exalcaldes de Enguera (PP y PSPV) por adjudicaciones ilícitas a empresas del primero.

Se trata de la pieza 'K' del caso Imelsa, que se deriva de la investigación abierta a Mariano López por la adjudicación a la firma Servimun de un servicio de atención telefónica en la Diputación de Valencia del que fue beneficiario (una causa cuya sentencia se ha conocido recientemente y en la que han quedado absueltos todos los acusados).

Los alcaldes procesados son Javier Berasaluce (alcalde de Requena por el PP entre 2011 y 2015), Santiago Arévalo (alcalde de Enguera por el PP entre 1999 y 2015) y Óscar Martínez (alcalde de Enguera por el PSPV-PSOE entre 2015 y 2019).

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, el fiscal sostiene que Servimun era una empresa oficialmente dirigida por Francisco Palomares pero gestionada en la sombra por su amigo y socio Mariano López, que "obtenía contratos públicos en perjuicio de la libre competencia y publicidad" que derivaban posteriormente en "una completa desviación de fondos públicos, al no realizarse los trabajos por los que había sido contratado".

Igualmente, explica que la empresa Técnicas Legales Administrativas (TLA) se crea por el acusado Mariano López en 2013, el mismo año de la adjudicación del contrato a Servimun por parte de Imelsa, "con el sólo propósito de aprovechamiento de los fondos obtenidos por la contrata del denominado call center".

En el caso del Ayuntamiento de Requena, la acusación pone el foco en varias facturas abonadas a TLA, la primera por el "estudio de ordenanzas fiscales municipales y propuesta de modificación" por 14.520 euros -en dos pagos-, y la segunda por 59.518,45 euros con el objeto de "servicio de apoyo al funcionamiento del Ayuntamiento de Requena en su actividad inspectora al objeto de aflorar deuda oculta relacionada con los ingresos de derecho público relativos al ICIO e IAE".

El pago de estas facturas se hizo con el informe en contra de la interventora municipal y la mitad de los fondos cobrados por TLA fueron transmitidos a Servimun, según detalla el fiscal.

Anticorrupción sostiene que se invitó a otras dos empresas a este contrato pero como "mero formulismo, sin motivación, ni idoneidad, ni oportunidad", puesto que una de ellas fue "Compañía Informática de Presupuesto y Recaudación SA, domiciliada en Canarias y cuyo administrador había sido socio del acusado Fernando Palomares" y otra "Missing´net, cuyo objeto social es el comercio al por menor de prendas de vestir".

"Son las mismas empresas de las que se sirvieron los acusados Mariano López y Fernando Palomares para amañar la contratación en el Ayuntamiento de Enguera", detalla el fiscal en su escrito.

Del mismo modo, Mariano López logró la adjudicación de otro contrato en Enguera para el apoyo de la actividad inspectora del Consistorio por 60.000 euros.

"Al igual que sucede en el Ayuntamiento de Requena, son los acusados los que suministran los nombres de las empresas que deben ser invitadas. Existe un documento sin firma ni fecha que las contiene y son las mismas en ambos Ayuntamientos", detalla el fiscal.

De dicha contratación sólo se abonó una factura por importe de 3.595,97 euros presentada el 4 de febrero de 2015, en contra del criterio del tesorero y de la interventora.

El Ayuntamiento de Enguera, pero con la firma del alcalde siguiente, abonó a Servimun otros 21.780 euros por una labor diferente a la contratada inicialmente, como fue la legalización de un camping local.

Por todo ello, el fiscal reclama para Mariano López una condena de 12 años de prisión; para Javier Berasaluce 5 años de prisión y 15 de inhabilitación; para Santiago Arévalo 6 de prisión y 15 de inhabilitación; para Óscar Martínez 6 de prisión y 15 de inhabilitación y para el funcionario de la Diputación 7 de prisión y 10 de inhabilitación.

A todos los procesados se les reclama de forma conjunta y solidaria indemnizaciones de 14.500 euros para el Ayuntamiento de Requena y de 24.780 para el de Enguera.

Se considera, además, responsable civil subsidiaria a la firma Técnicas Legales Administrativas y se le reclama el abono de 39.300 euros.