Jorge Ignacio P.J. a su llegada al Juzgado 6 de Alzira (Valencia), en una imagen de archivo. EFE El autor confeso la desaparición del cuerpo de Marta
Calvo y principal sospechoso del asesinato de otras dos jóvenes y del ataque a
otras siete, Jorge Ignacio P.J., ha comparecido este martes en el Juzgado de
Instrucción número 20 de València para escuchar los 33 delitos que, según el
fiscal y las acusaciones, pudo cometer sobre 10 mujeres.
Así, tanto la Fiscalía ha reclamado que este hombre sea
procesado por asesinato, agresión sexual, omisión del deber de socorro y delito
contra la integridad moral de las víctimas, y las acusaciones particulares han
añadido el de delito contra la salud pública, por el supuesto uso de cocaína u
otras sustancias de las que pudo hacer uso el sospechoso.
La abogada de la madre de Marta Calvo, Pilar Jové, ha destacado el hecho de que
"hoy se han concretado las imputaciones definitivas por todas las mujeres,
siete vivas y tres fallecidas", que ascienden a un total de 33 delitos.
En el transcurso de la vista, Jové ha preguntado -a través del juez- al acusado
dónde estaba el cuerpo de Marta Calvo, a lo que el acusado ha respondido -según
la versión de los letrados- con vehemencia e insistiendo en que ya lo dijo a la
Guardia Civil, en alusión a los contenedores de basura donde supuestamente
arrojó el cadáver descuartizado.
Asimismo, siempre según el testimonio de los letrados, el acusado ha negado que
causase la muerte a nadie y ha afirmado que eran las mujeres quienes le vendían
la droga.
El detenido, que se entregó el 4 de diciembre de 2019 en el cuartel de la
Guardia Civil de Carcaixent (Valencia), y permanece en prisión preventiva desde
entonces, está investigado por el fallecimiento de Marta Calvo y otras dos
mujeres (Arlene y Lady Marcela, ambas en la ciudad de València), además de
otros cinco homicidios en grado de tentativa.
Jorge Ignacio P.J. fue denunciado por otras chicas por la práctica de
relaciones sexuales con cocaína, una sustancia que pudo haber sido determinante
en la intoxicación fatal de las jóvenes y que pudo haber utilizado junto a
alguna otra droga para adormecerlas, según sostienen las acusaciones.
El uso de estas sustancias -tanto de la cocaína por vía anal o vaginal como la
droga desconocida que se sospecha que pudo introducir en bebidas- pudieron
hacer perder la consciencia a varias de sus víctimas.
El letrado Juan Carlos Navarro, que representa a dos de las víctimas mortales y
a otras cinco supervivientes, en un escrito remitido al juez instructor al que
ha tenido acceso EFE, relata que "existe un patrón en el modus operandi
del investigado" que se concreta en una "triple secuencia
alevosa".
"Siempre contrata a mujeres que se prestan a consumir una sustancia
estupefaciente y practicar sexo. Con este objetivo, genera en ellas una
situación de confianza. No las elige para practicar sexo, sino que su propósito
es acceder a su vagina o recto e introducirles cocaína, que por cantidad y
pureza, resulta letal".
Además, sostiene que el acusado introducía alguna sustancia en bebidas que
ofrecía a las víctimas "que disminuye las facultades volitivas" para
que no ofreciesen resistencia al ataque siguiente.
"Una vez la mujer ya ha consumido cocaína esnifada y esa sustancia de
'atontamiento', el acusado inicia el uso del arma homicida, que es la
introducción de cocaína de gran pureza en cantidad letal en las partes íntimas
de las mujeres. Se trata de cocaína en roca, bolas o rocas del tamaño de un
garbanzo", según detalla Navarro en su escrito.
En algunos casos -añade este letrado- las mujeres pudieron reaccionar y
expulsar de su cuerpo las sustancias estupefacientes, pero en otros provocó su
muerte.
Por estos motivos, las acusaciones reclaman que se añada a la causa la
agravante de género, pues "los hechos han sido cometidos contra mujeres
por el hecho de serlo y con la intención de dejar patente un sentimiento de
superioridad", además del trato degradante que se traduce en un delito
contra la integridad moral, por "usar a las mujeres de forma instrumental,
contratándolas con la excusa de realizar actos sexuales y, sin embargo,
pretender dominarlas y someterlas a su perversión.
Por último, las acusaciones particulares han reclamado al juez que pida a
Instituto de Medicina Legal o a la Facultad de Medicina que expertos en
anestesiología se pronuncien sobre la posible presencia de algún tupo de
sustancia tóxica o relajante, diferente a la cocaína, en los análisis
practicados a las víctimas.
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