En la imagen, dos sanitarias inyectan la vacuna contra la covid a dos usuarias de una residencia. EFE/Juan Carlos Cárdenas/ArchivoLa Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas
Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) ha advertido de que la
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas debe 40 millones de euros
a residencias privadas y empresas gestoras.
“Hay muchas
facturas del mes de noviembre de 2021 todavía sin pagar, lo que está
provocando grandes problemas a las entidades que atienden a estas
personas”, ha indicado en un comunicado el presidente de Aerte, José
María Toro.
Esta situación es "muy grave y no se debe a la
carencia de fondos, ya que estos pagos podrían haber entrado en el FLA
del pasado 30 de mayo, sino a una retrasada gestión administrativa que
impide que las facturas se contabilicen adecuadamente. Esto es
intolerable”, ha asegurado.
Según Toro, el concurso de 3.300
plazas residenciales de personas mayores, el primero que llevó a cabo la
Conselleria, venció el 31 de agosto de 2021 y el que lo sustituye, de
7.100 plazas, está actualmente en la fase de apertura de sobres y se
espera que entre en vigor el 1 de septiembre de 2022, "con un año de
retraso".
Al mismo tiempo, ha añadido, muchos centros de
servicios sociales de titularidad pública y que son gestionados por
entidades privadas "se encuentran en la misma situación, sin contrato,
con la obligación de seguir prestando el servicio y con retrasos en el
cobro de las facturas correspondientes a dichos servicios".
Según
ha indicado, este retraso administrativo está provocando un atraso en
los pagos, ya que no se han cobrado facturas correspondientes a
servicios prestados de noviembre del 2021 en adelante.
Al no
existir contrato en vigor, se debe pagar a través de un expediente de
resarcimiento, que debe ser aprobado por el Consell, lo que dificulta y
alarga el periodo de cobro de estas facturas.
El importe de la
deuda acumulada por el concurso de las 3.300 plazas asciende a 27
millones de euros, a lo que hay que sumar otros 13 correspondientes a
las gestiones integrales, lo que sitúa la deuda en torno a los 40
millones, ha afirmado el presidente de Aerte.
"Esta situación se
está volviendo insostenible y pone en una situación financiera muy
complicada a las empresas que prestan el servicio a estas personas en
situación de dependencia", ha concluido.
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