Alboraya ha presentado un plan de viabilidad acorde a los
requerimientos del Decreto y otro según la realidad económica del municipio ya
que si aplica únicamente las directrices del gobierno, le resulta imposible
poder asumir los plazos de pago que marca la nueva ley a partir del 2014. Esto
es así sobre todo porque ha de sumar al nuevo Plan las cargas derivadas del anterior Decreto de
2009, al que se acogió el consistorio para el pago a proveedores, por un
montante de 4 millones de euros.
Así pues el equipo de
gobierno se ha visto en la obligación de presentar un plan de ajuste
alternativo con el que podría hacer frente a los pagos cumpliendo con garantías
con los servicios que debe prestar el Ayuntamiento (pago a trabajadores,
prestación de servicios mínimos, luz, agua, alquileres, vencimientos de
intereses con entidades bancarias…)
La
concejala de Hacienda y Control del Gasto, Mamen Peris, ha señalado que “con
las obligaciones de pago que estamos soportando en este concepto del anterior
decreto de 4 millones de euros, más los 25,5 millones que tenemos que pagar
ahora con la nueva ley, además de los más de 30 millones de euros que no han
sido incluidos como facturas a proveedores porque son facturas que se deben a
administraciones o entidades públicas como el EMTRE o FGV, es imposible cumplir
un plan de viabilidad según el nuevo decreto porque no contempla el grado de
endeudamiento real de este municipio, que en este caso es excesivo al ser, con
diferencia, el más elevado de la Comunidad Valenciana por habitante”.
El
equipo de gobierno, para poder aprobar el presupuesto de 2012, ya hizo los
ajustes necesarios, en la línea de los que ahora se exigen, tanto en personal,
como en eliminación de
duplicidades en algunos servicios, subida de impuestos y tasas, ajustes a la
baja de las contratas de servicios (recogida de basuras, limpieza, etc.)
medidas de ahorro energético, previsión de reagrupación de servicios y cierre
de edificios, etc.
Por
otra parte Alboraya posee bienes inmuebles patrimoniales y posibilidad de
desarrollo de programas de actuación urbanística susceptibles de generar
ingresos añadidos, pero dada la actual coyuntura de paralización del mercado
inmobiliario, la Corporación no los ha incluido como medidas a considerar para
argumentar un plan de ajuste positivo. Si se dieran en un futuro esos ingresos
sin duda servirán para reducir las cargas financieras.
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