Vista general del pleno del Ayuntamiento de Alicante. EFE/Archivo
Los cinco grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Alicante han constituido hoy una comisión específica para analizar y revisar el procedimiento de contratación seguido en el Patronato Municipal de Vivienda en noviembre de 2017 para encargar la reforma de un local, que debía convertirse en sede provisional de la Concejalía de Juventud.
Esos trabajos de reforma ascendieron a más de 56.000 euros y se tramitaron a través de tres contratos distintos, lo que motivó la emisión de un informe del interventor municipal en el que advertía de la posible existencia de un supuesto fraccionamiento para eludir la convocatoria de un concurso abierto a la concurrencia pública.
El objeto de la comisión, formada por PP, PSPV-PSOE, Guanyar, Ciudadanos y Compromís, es, en consecuencia, esclarecer los hechos y, en su caso, depurar posibles responsabilidades políticas o legales.
En la reunión constitutiva se ha acordado requerir la emisión de un informe a la Asesoría Jurídica Municipal sobre el procedimiento seguido, que deberá estar disponible en un plazo de un mes.
Además, se ha aprobado un calendario de comparecencias para que los funcionarios y concejales que tuvieron algún grado de relación con los hechos aporten sus explicaciones al respecto.
Así, las declaraciones están previstas para los días 18 y 19 de febrero.
En primer lugar, se prevé la comparecencia del interventor municipal, la del gerente del Patronato de Vivienda, la de la arquitecta de ese mismo organismo autónomo y la del secretario municipal.
Un día después, el 19, está programada la declaración de la exconcejal de Juventud por Guanyar Marisol Moreno; de su compañera Julia Angulo, exedil de Vivienda; de la socialista Sofía Morales (su sucesora en la concejalía desde noviembre de 2017) y del actual concejal del área, Israel Cortés (PP).
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