Natalia Antonino.
No
cabe duda de que, por efecto rebote, estamos sufriendo la crisis de
alquiler que se inició en las grandes capitales. Todos conocemos de
alguna vivienda transformada en apartamento turístico, o la cesión
de estas mediante plataformas de alquiler no reguladas, por lo tanto,
se está propiciando un ascenso rápido de los precios de los
alquileres de las mismas. Una subida que genera más desigualdad, y
resta oportunidades de alcanzar una vivienda digna a las familias más
desfavorecidas.
Además,
la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos llevada a cabo por el
Gobierno de España en el año 2013 ha acortado la duración de los
contratos de alquiler, generalizando la subida de precios y
aumentando la problemática. Así, mientras en países como Francia o
Alemania, en los que los inquilinos gozan de una enorme protección
frente a los incrementos de la renta, en España hemos pasado a una
desprotección del arrendatario, que cada tres años se ve en peligro
por un aumento de los alquileres o, en el peor de los casos, la
pérdida de su vivienda.
Tras
el estallido de la burbuja inmobiliaria, la venta dejó de ser un
activo interesante y los alquileres fueron la única vía de
rentabilidad inmobiliaria. Y con el paso de los años, se está
convirtiendo en un nuevo problema, puesto que la especulación y la
escasa oferta de vivienda en alquiler impiden a muchas familias
acceder a una nueva residencia.
Además,
en nuestras ciudades existe un parque muy limitado de alquileres de
renta controlada. La
circunstancia de que la mayor parte de la provisión de las viviendas
en alquiler dependa del mercado privado es un problema para generar
igualdad social, y las administraciones tienen que atajar esta nueva
necesidad para cumplir con el derecho constitucional (Art. 47) de
acceso a una vivienda digna para cualquier ciudadano o ciudadana de
nuestro país.
La
reciente Aprobación del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo (BOE de
10 de marzo) por el que se aprueba el Plan Estatal de Vivienda
2018-2021, en vez de tratar de resolver esta situación la empeora
como consecuencia de las líneas de actuación adoptadas y porque
únicamente ha tratado de parchear la situación actual sin
resolverla.
Queremos
abordar una reforma legislativa de control de precios y fomento del
alquiler regulado, aumentando a 5 años los arrendamientos,
ampliables a 3 años más, limitando la subida de precios
referenciándola con respecto al IPC, y aplicando desgravaciones
especiales en el IRPF tanto a los inquilinos de vivienda en alquiler
como a aquellos propietarios que establezcan precios asequibles en
los contratos de alquiler.
Así
mismo intentamos propulsar la retirada de los recursos de
inconstitucionalidad interpuestos a las comunidades autónomas que
están empezando a poner en marcha una Ley de Función Social de la
Vivienda para acabar, entre otras cosas, con la especulación de los
alquileres; porque entendemos que dichos recursos solo dilatan esta
problemática y no suponen ninguna solución.
Quizá
tras la crisis, hemos desarrollado un trauma contra la idea de pedir
una hipoteca,
y que los bajos salarios, la inseguridad laboral y la dificultad para
conseguir un préstamo nos impidan pensar en comprar
casa sin
que nos den escalofríos.
Empezamos
con otra burbuja inmobiliaria pero ahora de alquiler.
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