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AGENCIA ANTIFRAUDE

Antifraude denuncia falta de transparencia e irregularidades en la selección de personal del Consell

Según la institución, los organismos de la Generalitat y las fundaciones mantienen información oculta, que "siguen sin poder ser consultados o conocidos por los ciudadanos"
REDACCIÓN - 30/03/2019
El director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares El director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares

La Agencia Valenciana Antifraude denuncia en su Memòria d'Activitats de 2018 que "continúan habiendo muchos sectores opacos en el ámbito público". Concretamente, se hace referencia "en lo que respecta al sector público empresarial, fundacional e institucional".

Según la institución, los organismos de la Generalitat y las fundaciones mantienen información oculta, que "siguen sin poder ser consultados o conocidos por los ciudadanos", un ocultamiento que, según la agencia, "contraviene la normativa autonómica, estatal y europea".

Las denuncias se concentran principalmente en los "procesos de selección de personal", especifica el diario El Mundo. "Con 61 casos registrados, constituye el 34% del total. Le siguen las relativas a contratación pública, con un 29%; las subvenciones o el uso indebido de los recursos públicos.

De este modo, Antifraude solicita mecanismos más eficaces de la Ley de Función Pública para garantizar "neutralidad" en los procesos de selección de personal y se garanticen los principios de igualdad, capacidad y mérito. La Agencia señala que esta infracción "contribuye a la baja profesionalización y preparación del funcionariado", que incide de forma directa en un aumento de los costes públicos al disminuir la eficacia de los recursos humanos.

La Agencia también indica que "sigue sin hacerse público el destino detallado" de las subvenciones a los partidos. Algo que "debería corregirse, ya que se trata de recursos públicos sobre los cuales rige igualdad de trato en transparencia y acceso a la información que para el resto de Administraciones Públicas".

Otro punto en el que se detiene el informe, es en el deber de dar protección a quien denuncia prácticas corruptas. "protegerlas, además de ser un deber ético, es altamente rentable", afirman.

Para la Agencia, "los despidos y el uso de expedientes disciplinarios injustos" son demasiado frecuentes y se utilizan como instrumento "de acoso contra empleados públicos que no se pliegan a la voluntad legítima de sus superiores jerárquicos".

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