Antifraude detecta un quebranto de 1,1 millones por prejubilaciones en la EMT

La Agencia Valenciana Antifraude ha detectado un presunto quebranto en el erario público de 1.129.643 euros, entre 2014 y 2018, por el acuerdo "fraudulento" de prejubilaciones en la Empresa Municipal de Transporte de València, por el cual los trabajadores parcialmente jubilados percibían salarios públicos de jornada de trabajo no realizadas.

Así consta en las conclusiones que la Agencia Valenciana Antifraude ha colgado en su web relativas a la investigación que inició en diciembre de 2017 en virtud de una denuncia presentada por la propia empresa y en las que constata que "fondos púbicos presupuestados para pagar trabajo en efectivo no se han aplicado a su legítimo fin".

Según se explica, a partir de los 61 años, los trabajadores de la EMT podían acogerse a una jubilación parcial, con una reducción de jornada del 15 %, según las condiciones más ventajosas previstas por la ley, lo que en el caso de esta empresa se traduciría en 131 días de trabajo anuales.

Desde 2001 existe un acuerdo entre la gerencia y los representantes de los sindicatos, alcanzado en el marco de la negociación colectiva, según el cual los empleados en esta situación trabajan 65 días, aunque oficialmente se comunicaban y abonaban las 131 jornadas.

Este acuerdo era hasta 2003 pero se había mantenido hasta ahora y, durante la negociación del nuevo convenio colectivo, los actuales responsables de la EMT advirtieron esta ilegalidad y la denunciaron.

Según las conclusiones, la Agencia "no ha examinado la legalidad en sí de realizar una jornada inferior a la mínima legal", pero ha calificado de "fraudulento" que "existiendo una norma legal, un convenio y un contrato entre la EMT y cada trabajador que fijan en 131 las jornadas de trabajo a realizar por cada empleado jubilado parcialmente en un periodo de hasta 4 años, los empleados públicos jubilados parcialmente realicen 65 o menos jornadas percibiendo el salario de 131".

"Esta Agencia ha constatado que los salarios del personal de la EMT se financian con caudales públicos procedentes de tarifas municipales, transferencias del presupuesto municipal e incluso un fondo estatal de ayuda al transporte, lo que impide la posibilidad teórica que tendría un empresarios particular titular de una empresa de abonar salarios por jornadas no trabajadas de forma efectiva", prosigue.

La investigación acredita que en la práctica "los sistemas de organización y de control horario del trabajo y de la jornada preveían y registraban un número de jornadas notablemente inferior, incluso en dos casos no se ha trabajado ninguna jornada pagándose por la EMT el salario equivalente a 131 jornadas de trabajo cuando en realidad solo se había trabajado una parte considerablemente inferior".

Los hechos constados han supuesto un presunto quebranto al erario público de 1.129.643 euros en el periodo analizado que va desde 2014 (cuando aún gobernaba el PP) a mayo de 2018, ya con el tripartito al frente del Ayuntamiento, concluye la Agencia Antifraude.