Fernando Giner. EPDA La misión de un ayuntamiento es hacerle la vida más cómoda y fácil a los ciudadanos. En ocasiones, hay una colisión de derechos que pueden ser contrapuestos. En el caso de los apartamentos turísticos, puede chocar el derecho al descanso con el derecho de poder rentabilizar una propiedad. Lógicamente, en nuestra opinión el descanso y tener una vida cómoda es prioritaria.
Esta situación no se resolvió en el Plan Estratégico de Turismo del PSOE en Valencia. Se limitó a asegurar que los apartamentos no registrados generan una competencia desigual y desleal. Pese a ese reconocimiento, el PSOE no se ha enfocado hacia solucionar este problema. Indistintamente de si están registrados o no, han querido interpretar que los apartamentos turísticos deben realizarse en inmuebles que tengan un uso terciario-hotelero.
El juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Valencia les ha dicho claramente que se han equivocado. La reciente sentencia del 14 de noviembre de 2018 es un mazazo que anula la resolución del PSOE por la que se procedía al cierre de varios apartamentos turísticos. Quisieron interpretar que los usos definidos en el Plan General de Ordenación Urbana de 1988 iban a solucionar los problemas del siglo XXI. Así actúa la vieja política.
El Ayuntamiento tendrá que pagar las costas. Con más de 200 casos similares, las pérdidas patrimoniales para el Ayuntamiento pueden rondar el medio millón de euros si esta línea judicial se repite. La vía que ha utilizado el PSOE es errónea y resulta fundamental abrir la mente para tener una visión global del tema para entender al ciudadano; lo que supone implicar a una parte importante del equipo de gobierno, cuestión que, tal y como han demostrado, les resulta del todo imposible.
Hay muchos agentes que no se están teniendo en cuenta como son los administradores de fincas o el colegio de registradores. Falta diálogo y una visión más amplia para aportar luz a este conflicto. Los vecinos deben estar en el centro de las decisiones mientras se facilita el desarrollo de la actividad económica. La actualización y el cumplimiento de las ordenanzas de contaminación acústica y de convivencia son esenciales para conseguir este objetivo.
Para hacer la vida más fácil a los vecinos se debe regular un marco que aporte seguridad. Desde Cs consideramos que las regulaciones son necesarias e imprescindibles para armonizar y prevenir los abusos en cualquier sector.
Respecto a los pequeños propietarios de viviendas, ahorradores que han visto como esta legislatura se ha hecho temblar a sus pequeños patrimonios, hay que dejar claro que ninguna regulación debe ser restrictiva de la libre competencia. No se pueden lanzar frases alarmistas que alimenten la inseguridad jurídica y pongan en jaque a los pequeños propietarios.
Tanto vecinos como el sector de los propietarios de viviendas rechazan la presencia de turistas que vengan a la ciudad a crear molestias. Lo que sigue faltando es la visión amplia para consensuar el marco que garantice la convivencia y los derechos de los vecinos mientras se desarrolla la actividad económica.
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