La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) cifra en 246
millones de euros las pérdidas que han acumulado los agricultores valencianos
en la pasada campaña citrícola, que oficialmente concluyó ayer. La crisis de
rentabilidad, hundida por unos precios que se han mantenido por debajo de los
costes de producción durante prácticamente toda la temporada, así como los devastadores
daños ocasionados por las heladas de febrero, han acabado por condenar a la
gran mayoría de los productores a la ruina y, en muchos casos, al abandono de
sus explotaciones.
Siempre según
estimaciones de la organización agraria calculadas en base a datos oficiales dela Conselleria de
Agricultura y del Gobierno central, cada citricultor ha perdido de media hasta
1.450 euros por hectárea y 3.350 euros por explotación. A los agricultores
valencianos de poco les ha servido que las condiciones objetivas del mercado
naranjero fueran favorables. Así, las cotizaciones no han remontado a pesar de
que el sector haya seguido aumentando las exportaciones de naranjas y
mandarinas a Europa. En un año castigado por el frío, que redujo la oferta
comercial, los envíos han alcanzado las 3.540.533 toneladas, lo que supone un
3% más desde septiembre de 2011 hasta mayo de 2012 respecto al mismo periodo de
la temporada anterior. Además, se han incrementado las toneladas transformadas
para zumo (en el caso de las clementinas), así como el consumo en España de
naranjas (2%) y mandarinas (4%). “Pese a todo, el resultado final para el
productor ha vuelto a ser, más que decepcionante, desastroso e inadmisible. Los
agricultores no podemos encadenar más campañas con números rojos y, si la
situación no mejora, todos perderemos más pronto que tarde la riqueza, el
empleo y el paisaje que la citricultura ha aportado históricamente a estas
tierras”, asegura el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.
Además de los
graves daños en la fruta y la madera de miles de árboles que provocó la ola de
frío en el mes de febrero, el dirigente agrario achaca a la “nefasta
comercialización” los principales males de la campaña: “Ni las prácticas
abusivas de la gran distribución ni la gestión miope, irresponsable y
descoordinada de los operadores comerciales han contribuido a reconducir la
situación límite del productor”.
En efecto, las
perspectivas del ejercicio citrícola empezaron siendo razonablemente
satisfactorias, debido al descenso de la cosecha y la óptima calidad de la
fruta. Las primeras cotizaciones en el campo corroboraron, de hecho, esa
impresión inicial, pero a finales de noviembre y en el plazo de una semana, la
coyuntura cambió de forma radical. Los precios de las clemenules se desplomaron
un 20%, mientras que en navelinas la caída superó el 12%. El descenso de las
cotizaciones coincidió en el tiempo con la aparición de atractivas ofertas con
los cítricos como reclamo en varias cadenas europeas de supermercados. Para
Aguado, “la gran distribución ha vuelto a hacer valer, de manera impune e
intolerable, la posición de dominio que ocupan en la cadena alimentaria. Los
bajos precios no han respondido a la lógica del mercado, sino a la
planificación ideada por un puñado de firmas que cuentan con patente de corso
para actuar a su antojo, saltándose los principios que deben alimentar la
competencia en un mercado que se autoproclama libre”.
Frente a esta
implacable estrategia por parte de los gigantes de la distribución de presionar
los precios a la baja, Aguado critica la lentitud de las administraciones a la
hora de corregir las disfunciones y los desequilibrios de la cadena
agroalimentaria. En este escenario, AVA-ASAJA espera que el Ministro de
Agricultura, Miguel Arias Cañete, cumpla su anuncio de aprobar para septiembre
dos leyes encaminadas a concentrar la oferta y las entidades asociativas
agrarias y, por otra parte, para regular precisamente la cadena alimentaria,
así como su compromiso público relativo a modificar los actuales criterios de las
autoridades de Competencia, que frenan cualquier posibilidad de acuerdo
intersectorial. En cuanto a la necesidad de aplicar contratos de compraventa
con carácter obligatorio y prohibir así la venta ‘a resultas’, urge la
aprobación definitiva dela Ley de Derecho Patrimonial y
Contratos Agrarios dela Generalitat Valenciana
para aplicarla en la próxima campaña citrícola.
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