Batalla contra las cacas de perro

En cualquier calle, plaza, parque o jardín público pueden verse deposiciones caninas. No es un problema nuevo, pero sí se ha convertido en un quebradero de cabeza para alcaldes y concejales. Plantear la batalla a las cacas de los perros se ha establecido como una prioridad, pero no resulta nada fácil.

Las quejas de los ciudadanos se repiten, e incluso se incrementan, ante el incivismo de algunos propietarios de mascotas que no recogen las heces depositadas en estos espacios públicos, lo que provoca problemas de convivencia vecinal, como los que motivaron una petición en la plataforma Change.org, con más de 200 firmas, para que se habilitara un espacio especial para perros en el barrio paternero de Valterna.

Este aumento de las protestas ciudadanas y la implicación de los gobiernos municipales en la búsqueda de una solución no se traduce, sin embargo, en sanciones económicas que lleven a los infractores a comportarse cívicamente y que, al mismo tiempo, tengan un efecto disuasorio para quienes no parecen dispuestos a cumplir con las ordenanzas.

Así lo demuestra el hecho de que en algunos pueblos, como Godella, no se haya multado a nadie en 2015 por incumplir la ordenanza de animales. Algo similar ocurre en Burjassot, donde el número de sanciones es escaso ante la imposibilidad de disponer de patrullas de paisano. La excepción puede venir de Paterna, donde se suelen poner cerca de un centenar de multas anuales con una media de 200 euros por sanción. En este municipio, los agentes sí patrullan de paisano para disuadir a los propietarios de mascotas.

Tanto alcaldes como concejales admiten que se trata de un problema que es urgente atajar, pero también reconocen que las campañas de sensibilización no están dando los resultados esperados y que multar no es fácil, dado que en la mayoría de los ayuntamientos carecen de personal suficiente para pillar ‘in fraganti’ a los infractores.

Las últimas iniciativas dan un paso más al plantear la realización de análisis genéticos de las heces de los perros para tratar de descubrir a sus dueños. Así, el Ayuntamiento de Alboraya aprobó un registro canino de ADN para disponer de mayor información a la hora de poder sancionar a los propietarios que no recojan los excrementos de la vía pública. Esta medida obliga a los dueños a realizar a cada perro, por medio de sangre o saliva, un análisis que determine su huella genética, de manera que cuando se recojan muestras de deposiciones, se puedan identificar y multar de forma inmediata. La financiación de esta prueba correrá a cargo del infractor.

Paterna también se está empleando a fondo. Durante estos días, una carpa itinerante recorre los barrios para informar sobre los comportamientos cívicos que se deben adoptar a la hora de pasear a las mascotas por las vías públicas. Su alcalde, Juan Antonio Sagredo, admitió que “son muchas las quejas que recibimos en relación a esta falta de civismo, por lo que queremos que esta iniciativa tenga el máximo impacto”.

En Puçol, donde las sanciones pueden ir de los 30 a los 600 euros dependiendo de diversos factores, se ha puesto en marcha una de las campañas de concienciación más ambiciosas de los últimos años. El concejal Juanmi Bayarri Moreno explica que se ha producido “un incremento importante” del número de mascotas en el municipio, lo que obliga al Ayuntamiento a recordar a sus dueños “que son los responsables de recoger los excrementos” para no molestar al resto de vecinos.

La Pobla también se ha lanzado a erradicar el problema con una modificación del reglamento sancionador y una campaña de concienciación.