La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha asegurado en Les
Corts que resulta "indecente" que el Gobierno central pretenda cobrarle a
la Generalitat el IVA por subvencionar el servicio de Justicia Gratuita
que el Consell ofrece a los colectivos más vulnerables.
Gabriela
Bravo ha informado sobre el transcurso de la reunión del pleno de la
Conferencia Sectorial de Justicia que se celebró este miércoles en
Madrid.
En este sentido, la titular de Justicia del
Gobierno valenciano ha asegurado que todos los consejeros del ramo
mostraron el "rechazo unánime" ante la decisión de la Dirección General
de Tributos del Ministerio de Hacienda respecto a la consideración de
que el coste del servicio de Justicia Gratuita ha de tributar.
Para
Bravo, "estamos ante una decisión más política que jurídica" que no
tiene sentido porque "no entendemos por qué se interpreta, ahora y de
esta forma, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
del 2016 cuando ya había otra parecida del año 2010 que nunca se
aplicó". El fallo de la alta corte europea hacía referencia a las
peculiaridades del sistema jurídico español de justicia gratuita (que
incluye el turno de oficio) y al sistema belga que no tiene nada que ver
con el español, según ha explicado la consellera Bravo porque "las
comunidades autonómas no realizan una retribución sino que otorgan una
subvención" para ayudar a los colectivos más vulnerables y, por ese
motivo "no es aplicable la interpretación torticera que el ministro
Montoro hace de la sentencia".
Si la pretensión del
Gobierno central se llevara a término, la Generalitat tendría que abonar
al Ministerio de Hacienda casi cinco millones de euros en concepto de
IVA. Tal medida supondría que el Consell tendría que pagar esta cantidad
"con cargo a los Presupuestos de 2017, cuando esa suma no está
presupuestada". Para Bravo, el hecho de que el 50% de ese IVA repercuta
en las comunidades autónomas, no soluciona el problema porque "el
Ejecutivo lo devolvería cuando le viniera bien", mientras se continúa
"estrangulando financieramente a las autonomías".
La
consellera Gabriela Bravo ha defendido que, para el Consell que preside
Ximo Puig, los servicios de justicia gratuita son "una prioridad
absoluta" como se demuestra en el hecho de que, en estos casi dos años,
"se ha incrementado casi un 35% la dotación presupuestaria, aumentando
en ocho millones de euros la partida inicial que destinaron los
gobiernos del PP. Hemos dignificado y mejorado el servicio con el nuevo
Decreto de Justicia Gratuita y subvencionando actuaciones procesales que
antes no se pagaban. También hemos creado nuevos servicios de
orientación jurídica para poder dar atención a las personas más
vulnerables". Por todo ello, para Gabriela Bravo, es "indecente que el
señor Montoro trate de estrangular a las comunidades autónomas
interpretando esta sentencia de forma tan negativa y perjudicial para
los intereses de los ciudadanos".
Nuevos órganos judiciales
Por
otra parte, la consellera Gabriela Bravo ha mostrado su "decepción" por
el resultado de la reunión de la Conferencia Sectorial de Justicia
respecto a la creación de los nuevos órganos judiciales que la
Generalitat exige desde hace años. Según Gabriela Bravo, tras una larga
reunión "salimos una vez más sin un proyecto ni una propuesta concreta,
sin saber cuál es la planificación a pesar de que llevamos demasiado
tiempo esperando; más de siete años". La consellera de Justicia ha
reclamado al Ministerio de Justicia que "más allá de planes y
estrategias, queremos apoyo económico, queremos hechos porque hay
gravísimos problemas en nuestros partidos judiciales que no pueden
solucionarse con parches".
Gabriela Bravo ha recordado que
su departamento "ha hecho los deberes" y ha reiterado en numerosas
ocasiones la necesidad de contar con los 18 nuevos órganos judiciales
que fueron reclamados por última vez por carta al ministro Rafael Catalá
el pasado 25 de enero. El listado de peticiones cuenta con la
aprobación del órgano de gobierno de los jueces y que sobre la misma
también se informó a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana.
Reforma del Registro Civil
Por
último, Gabriela Bravo ha mostrado también su decepción por la
propuesta del Gobierno central de acometer la Ley del Registro Civil
cuando, ahora mismo, esa misma ley no está en vigor ya que la suspendió
un decreto del propio Ejecutivo dirigido por el Partido Popular. "Es
increíble -ha dicho la consellera- que se nos entregue un informe que
plantea la modificación de una ley que ni siquiera ha entrado en vigor".
Para
Bravo "la clave de esta reforma urgente que se nos presenta está en que
el propio Gobierno no ha hecho los deberes" ya que se pretende "que
entre en vigor sin contar con el proyecto informático básico para el
arranque de las oficinas". La consellera ha recordad que "después de más
de tres años se nos dice que el proyecto no está preparado" con lo que
la reforma no es más que "un parche para que las cosas sigan igual, con
una estructura decimonónica que se limita a sustituir la firma del juez
por la del letrado de la Administración".
Bravo ha
denunciado que el Ministerio de Justicia ha tenido "tiempo más que
suficiente" para disponer de las infraestructuras telemáticas necesarias
porque los problemas del Registro Civil están "en los equipos y
aplicaciones obsoletas que retrasan la tramitación".
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